La oposición censura la gestión de la renta social en sus seis primeros meses

Silvia Cameán es la concejala del área de Justicia Social y Cuidados
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El Gobierno municipal concedió la renta social a 24 personas durante los seis primeros meses de funcionamiento de esta prestación económica, destinada a ayudar a aquellos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció en la presentación de este programa que llegaría a un millar de familias, una cifra muy lejana a la actual y que provoca las críticas de la oposición, que consideran que el Ayuntamiento no lo está gestionando bien.

Después de medio año en marcha, solo 24 personas de la ciudad recibieron el visto bueno de la Marea para obtener esta prestación y todas menos una todavía comenzarán a cobrarla este mes. La otra fue la única concesión realizada por el Consistorio durante el primer trimestre de existencia de esta medida.

Es el resultado de las 260 peticiones presentadas en este período, una muestra que descontenta a los grupos de la oposición. “Sería una buena noticia si la realidad nos dijese que solo hay 260 familias coruñesas con dificultades económicas y que por ello no hay más solicitudes”, asegura Silvia Longueira, del PSOE, quien explica que “la realidad es otra” porque el número de personas en situación delicada es mucho mayor.

Desde el Partido Popular también explicaron en varias ocasiones que las pocas cifras que les transmitían sobre la renta social hablan de una mala gestión por parte de la Marea Atlántica y que el programa no estaba teniendo una buena acogida entre los vecinos de la ciudad.

Servicios sociales
La socialista Silvia Longueira fue muy contundente ayer tras la reunión de la Comisión de Justicia Social, en la que se les explicaron estos datos. “Entendemos que hay desconocimiento por parte de los coruñeses que pueden beneficiarse de este programa”, afirmó la concejala, quien añadió que “hay ineficacia en el área de Servicios Sociales, porque no está llegando a las personas que lo necesitan ni a la raíz del problema”.

En las últimas semanas se hicieron públicos algunos problemas relacionados con personal de esta área. Así, una trabajadora social solicitó amparo a su colegio profesional ante el maltrato institucional que considera que sufre, mientras que un importante número de empleadas se encuentran de baja.

La edil de Justicia Social y Cuidados, Silvia Cameán, detalló durante la comisión de ayer que los técnicos de la concejalía dieron el visto bueno a otras 56 solicitudes, que serán aprobadas definitivamente en las próximas fechas.

En el presupuesto para este año, que todavía no está aprobado definitivamente, figura una partida de gastos destinada a la renta social municipal y que asciende a dos millones de euros. El año pasado se presupuestó una cantidad similar, 2,1 millones de euros, aunque finalmente se vio reducida en más de la mitad ante la previsión de que iba a ser imposible utilizar todos los fondos que se habían reservado. l

La oposición censura la gestión de la renta social en sus seis primeros meses