Una ganadera se arriesga a que sacrifiquen a sus vacas por el rechazo de los comuneros

Diana Pino González, una joven ganadera gallega, se puede ver obligada a sacrificar 120 cabezas de ganado, de las que 96 (el 85%) son vacas autóctonas en peligro de extinción, debido a un conflicto con la Comunidad de Montes de Baiona a la que debería pertenecer.
Diana Pino, una joven amante del monte y los animales, asegura que siempre soñó con tener un rebaño de vacas. Fue en 2001 cuando decidió dar el paso adelante y constituirse como autónoma agraria, según señala en un comunicado.
Unos años más tarde se mudó a vivir, con el consiguiente empadronamiento, al monte donde tendría su explotación ganadera, en la parroquia baionesa de San Cosme y tanto el arquitecto del Ayuntamiento, como la Comisión de Medio Ambiente dieron el visto bueno a la vivienda y a la explotación ganadera.
Con todos los permisos en regla, decidió dar el siguiente paso lógico: solicitar formar parte de la Comunidad de Montes de Baíña, donde es residente y está llevando a cabo su actividad, los dos requisitos necesarios. Sin embargo, la Comunidad lo denegó alegando que no vive en esa vivienda, pese a que ellos mismos solicitaron un informe a la Policía Local que ratifica que sí está viviendo donde alega.
Diana Pino no cejó en su empeño de reclamar lo que consideraba que le correspondía por derecho al cumplir los requisitos y gestionar una explotación de 120 cabezas de ganado de las, aproximadamente, 500 que hay en la toda la Sierra de la Groba (incluyendo la citada Comunidad de Montes de Baíña, la de Sabarís, Belesar, A Granxa, Baredo, Mougás y Burgueira. Así las cosas, volvió a solicitar la incorporación y la respuesta fue la misma, un no rotundo en el que la Comunidad alegaba que la joven no vivía allí. Además, la demandaron por no cesar su actividad de pastoreo, a la que no tiene derecho si no forma parte de la Comunidad. La ganadera dejó el caso en manos del abogado que se le asignó desde el Sindicato Labrego Galego. El juicio se celebró y el abogado defensor no presentó los papeles a tiempo alegando que “se confundió de día de entrega”, según indica la afectada en su comunicado.
Con ello, el juez dictó la sentencia de que Diana Pino debía cesar la actividad ganadera, lo que supondría para la gallega sacrificar 120 cabezas de ganado, debido a que no se constata que habita en dicho inmueble.
En el proceso seguido, un ingeniero contratado por la Comunidad de Montes emitió un informe que pretende ratificar que Diana Pino no reside en la vivienda esgrimiendo situaciones como que “no tiene un jardín, no se ve una escoba, no hay ropa tendida”.