10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado y archivado la querella interpuesta contra cuatro exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.
La querella de L’Observatoria del Deute en la Globalització se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas), el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro, y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.
Tras estudiar los hechos denunciados, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que la construcción de las instalaciones a las que se refiere la querella no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002).
Fases
Para Lamela, las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto, y cuyas firmas por los querellados determinarían su responsabilidad, no aparece, y tampoco se expone en la querella, apunta, que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido. En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 desestima la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, con fecha de 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.
Así, tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea “aislada ni peregrina”, sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus respectivos cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó “deficitaria”.
Además, el auto de considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por “un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley”. De hecho, añade que “por el contrario, su actuación fue razonada y documentada”.
La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando según el querellante “no aparece” y “tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido”.
