La suspensión de los desahucios durante los próximos dos años entró ayer en vigor con la publicación del decreto ley en el BOE, aunque son muchas las voces que ponen en duda su efectividad debido a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y reclaman cambios legales más profundos.
Desde el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aplaudió la medida, pero la considera “claramente insuficiente” para resolver la situación actual y reclama medidas “bastante más contundentes”, como posibles quitas de la deuda, una reforma de las cláusulas de las hipotecas y mayor control y limitación de los tipos de interés en la mora.
La portavoz de la APM, Maite Sáez, señaló que los jueces habrían preferido una definición más amplia de los requisitos que deben cumplir los futuros beneficiarios de la suspensión del desahucio para así contar con mayor margen de interpretación a la hora de aplicar la normativa.
un alcance levísimo
Jueces para la Democracia (JpD) también ve insuficiente el decreto y critica que el Gobierno apueste en él por “medidas testimoniales y no por cambios estructurales”.
Su portavoz, Joaquim Bosch, vaticina que la nueva normativa tendrá “un alcance levísimo” ya que los supuestos incluidos no contemplan a la gran mayoría de familias afectadas.
Para el Sindicato de Secretarios Judiciales estamos ante un cambio legal “muy parcial” y una “mera operación de maquillaje”, ya que no tiene efectos retroactivos para las personas ya desahuciadas.
Además, recuerda el sindicato, solo paraliza los lanzamientos y no el procedimiento, lo que implica que van a seguir celebrándose subastas de inmuebles y cobrándose intereses de demora, aunque confía en que haya “voluntad real” para abordar el problema.
El lanzamiento es la última fase del procedimiento de ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con la expulsión de la vivienda, comúnmente denominado desahucio.
La paralización estará vigente hasta el 16 de noviembre de 2014 y se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de hoy en los que no se haya producido desahucio.
También Amnistía Internacional (AI) consideró “insuficientes” las medidas aprobadas el jueves.
En un comunicado, esta organización lamentó que el Gobierno excluyese a las personas afectadas y a las organizaciones sociales del diseño de estas medidas. “El Gobierno vuelve a desoír las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones”, dijo AI.
