Jornada de digestión en María Pita tras el fulminante archivo de las diligencias informativas sobre el caso Someso decretado por la fiscal Aranzazu San José González, quien en quince días y sin mediar investigación alguna ha dado carpetazo al asunto.
Julio Flores, portavoz del gobierno local, compareció ayer para ponerle voz a la postura oficial sobre la resolución. “Valoramos esta noticia con el máximo respeto a las decisiones del Ministerio Fiscal, pero con gran sorpresa como el resto de los coruñeses”, declaró y continuó: “Lo que está probado es que el desarrollo urbanístico de Someso le ha causado un enorme daño económico a todos los coruñeses, ya que previsiblemente podrá superar los 42 millones de euros”.
“Sin solicitar ninguna información adicional –criticó el portavoz municipal–, la responsable de la sección de delitos medioambientales de Santiago ha decidido archivar el expediente y cerrar una puerta para que los coruñeses pudiesen saber quiénes han sido los responsables del mayor expolio al patrimonio municipal en la historia de esta ciudad. A pesar de esta decisión, el gobierno municipal seguirá tratando de abrir todas las puertas necesarias para que se conozca la verdad”, sentenció.
respeto y reacción
Flores reiteró el respeto a la decisión del Ministerio Fiscal, pero aseguró que “el gobierno local no se va a quedar de brazos cruzados”. “Vamos a seguir defendiendo los intereses de los coruñeses a través del Tribunal de Cuentas –anunció– y tratando de confirmar la falsedad de determinados documentos, que puedan cambiar el sentido de las sentencias pendientes”.
Por su parte, Mar Barcón no ocultó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía, “que pone de manifiesto que los gobiernos anteriores y los funcionarios actuaron siempre dentro de la más estricta legalidad”. La portavoz socialista considera que “el alcalde ya no tiene excusa para eludir su responsabilidad, que no es otra que gobernar y ocuparse de los problemas de los coruñeses: el paro y los recortes sociales”.
Barcón interpreta la decisión de la Fiscalía como “un toque de atención a la gestión de Negreira, que ha dedicado gran esfuerzo a un informe que en apenas 17 día los tribunales han decidido dar carpetazo entendiendo que del mismo no se desprende ilegalidad alguna”.
Flores también contestó a los socialistas: “La Fiscalía no ha avalado su gestión. Está claro que no ha sido la correcta porque ha tenido como consecuencia que más de 42 millones de euros no se puedan destinar a servicios públicos”.
Carril señaló que “era visto” que la Fiscalía archivaría el caso y anunció que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias.
