Las empleadas del hogar acogen con cautela el nuevo cambio legislativo

las personas que trabajan en el sector podrán darse de alta ellas mismas si trabajan menos de 60 horas
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Después de pasar como un trabajo invisible durante años, el servicio doméstico ha cobrado cierto protagonismo en los últimos años, aunque de manera involuntaria. Los cambios legislativos introducidos por el Gobierno central en el sector han puesto de relevancia las enormes lagunas que existen en la normativa que rige el trabajo de las personas que trabajan en el hogar.
Algo que se intentó cambiar con la Ley de Empleadas de Hogar que entró en vigor en 2012, pero que no ha conseguido reducir el trabajo en negro en este colectivo. Al contrario, la complejidad para realizar las altas en la seguridad social y la imposibilidad de que el propio trabajador se diera de alta como discontinuo, como ocurría previamente, han fomentado la pérdida de numerosos puestos de trabajo y con ello una disminución de los ingresos derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por ello, el Gobierno ha decidido replantear la normativa en la que se prevé nuevamente la posibilidad de que el trabajador pueda darse de alta y pueda asumir los costes de la seguridad social en el caso de que trabaje menos de 60 horas mensuales.

en primera persona
El anuncio ha sido acogido con cautela y división de opiniones en un sector integran cientos de personas en A Coruña y que es uno de los más afectados por la crisis. Por un lado, hay trabajadores que consideran que la última modificación es positiva en tanto en cuanto, los empleadores no tendrán que pagar la seguridad social y, por lo tanto, no pondrán trabas a la hora de contratar por horas. Por otro lado, hay quien piensa que la integración   del servicio doméstico al Régimen General es positivo, puesto que otorga una mayor seguridad laboral a las empleadas.
De la primera opinión es Olga Lucía Márquez, una colombiana que lleva siete años en España y que ha trabajado duramente para sacar adelante a sus dos hijas de 19 y 21 años. Ahora tiene dos empleos y considera que el hecho de pagar ella misma la seguridad social “no le compensa”, dado que en uno de ellos solo trabaja dos horas y media a la semana.
Ella también ha vivido en primera persona los inconvenientes de no estar asegurada. “Cuando tuve que renovar los papeles para la tarjeta de residencia me costó mucho encontrar a alguien que me diera de alta, por eso creo que la ley estaba bien en esa parte”, señala. Otro de los problemas con los que se encontró fueron las dificultades de acceso a una vivienda de protección oficial. “Llevaba en la lista desde 2010, pero justo el año que me llamaron no coticé y perdí la opción para acceder a un piso”, explica Márquez, quien espera poder optar a uno el próximo año. “Sigo buscando más trabajos, porque estoy con una señora con alzheimer y si se me muere me quedo en la calle y no me lo puedo permitir, porque apenas me da para cubrir el alquiler”, relata esta usuaria del Centro de Atención Hogar de Cáritas.
Un caso similar es el de Sonia Bedregal, una peruana que lleva cinco años residiendo en A Coruña y que también encontró uno de sus primeros trabajos a través del Centro de Atención Hogar. Aunque la mayoría de sus empleos fueron como interna, afirma que no tendría “ningún problema” en darse ella misma de alta. “Cuando entró la ley esta me quedé sin un trabajo porque a la señora no le compensaba asegurarme, pero me gusta la idea de trabajar por horas para poder organizarme mejor y ver a mi familia”, apunta.
Sonia está inmersa en la búsqueda de trabajo, dado que el 20 de abril se quedará sin el empleo que tiene ahora y necesita estar dada de alta para que su marido y su hijo puedan renovar el permiso de residencia. “En la casa, tiene que haber al menos una persona que esté cotizando, para que ellos puedan quedarse en España”, señala esta trabajadora.

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