Tres ex altos cargos critican la ocultación y la manipulación de los expedientes en los ERE

GRA051 SEVILLA, 17/07/2014.- Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, a su llegada hoy a los Juzgados de Sevilla, donde se ha acogido a su derecho a no declarar por sentirse indefenso ante la juez Mercedes Alaya en su cuarta
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Tres ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía y otros ex altos cargos se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la juez de los ERE y denunciaron la “ocultación dilatada” de documentos, la indefensión que sufren y que el Gobierno regional “manipuló” los expedientes entregados al juez.
La juez Mercedes Alaya tomó ayer declaración a los ex directores generales Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a la exasesora de Empleo María José Rofa y a Miguel Ángel Serrano, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), todos ellos imputados por las ayudas a Altadis y A-Novo.
María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo, presentó un escrito a Alaya en el que afirma que los expedientes aportados por la Junta al juzgado están incompletos y de ellos se retiraron papeles que podrían implicar a otras personas.
Además, en dichos expedientes se incluyeron correos electrónicos enviados por Rofa y pertenecientes a otros informes con el supuesto objetivo de incriminarla y “que pareciese que era ella quien mandaba”, según informó a los periodistas abogados personados en la causa.

atestados
Al igual que los demás imputados, Rofa argumentó que en la causa no figuran todavía los atestados de la Guardia Civil sobre las ayudas a Altadis y a la empresa malagueña A–Novo.
También copareció el sucesor de Francisco Guerrero en la dirección general de Trabajo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo a continuación, denunció en un escrito la “ocultación dilatada, y no se sabe si deliberada, de importante material de investigación”, lo que cree “injustificable”.
Su abogado, José Estanislao López Gutiérrez, afirma en el escrito que si se considera que las ayudas a Altadis y A-Novo fueron malversadas, “no hay más remedio que ampliar la imputación” a las casi 6.000 personas que en algún momento se beneficiaron de ayudas.
El escrito califica de “entremés” el debate jurisdiccional entre la Fiscalía Anticorrupción y la juez sobre la necesidad o no de despiezar el caso de los ERE y pide la nulidad de los principales trámites del proceso.
En el mismo sentido se pronunció el escrito presentado por Miguel Ángel Serrano, ex director general del IFA, quien aseguró que esa entidad era “una mera caja pagadora”, que no podía negarse a abonar ayudas.

Tres ex altos cargos critican la ocultación y la manipulación de los expedientes en los ERE