La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, criticó ayer el recorte del 13% en la financiación de las prestaciones de dependencia, recogido en el BOE del pasado sábado, una rebaja con la que la Xunta “por supuestísimo no está de acuerdo”, según señaló la conselleira.
La medida “significa que van a ser las comunidades las que van a dar respuesta a la dependencia frente al Gobierno central, que debería caminar hacia la financiación al 50-50”, apuntó la conselleira, de visita en Pontevedra para firmar un convenio para la contratación de trabajadores municipales con la Diputación que preside Rafael Louzán.
de calidad
Mato elogió que la norma prime los servicios “de calidad” frente a las pagas a los familiares con dependientes a cargo, pero lamentó “algo que no se hizo y se tenía que haber hecho”, como es informar a las comunidades del contenido del ajuste en el consejo territorial. “Así lo contempla la norma, hay una frase que es ‘oído el consejo territorial’”, recordó.
Y es que el recorte que sufrirá Galicia ascenderá a 21,5 millones de euros. Lo que significa que de los 97 millones presupuestados en un inicio por el Gobierno central se reducirán hasta menos de 76 millones. La partida conjunta entre el Gobierno central y el gallego ascendía a 360 millones, de forma que la Xunta ya ponía 263 millones, cantidad que deberá elevar a 280 para compensar la caída de la partida estatal. Aunque de momento este extremo no está confirmado.
La conselleira también se manifestó en contra de que las medidas de ponderación para primar en la financiación a las comunidades que “apuestan claramente por el desarrollo de la ley” se dejen para enero de 2013. “En el consejo territorial yo como conselleira demandé que fuese inmediata y es algo que seguiré demandando a este Gobierno central”, aseguró.
Por otra parte, Mato acordó ceder a la Diputación dos millones para contratar a hasta 500 trabajadores para labores de interés colectivo, según un convenio firmado entre las instituciones. El acuerdo fue suscrito por la conselleira y el presidente provincial, Rafael Louzán, y en virtud del mismo el ente pontevedrés destina 2,2 millones para financiar servicios sociales. n
