Una fundación recurre las declaraciones antitaurinas de las instituciones públicas

06 octubre 2014 A Coruña.- La Feria Taurina se despidió ayer de la ciudad como una jornada llena de espectáculo. Con un cartel de grandes figuras como Manuel Díaz "El Cordobés", Juan José Padilla y Miguel Abell&aa
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La Fundación del Toro de Lidia está interponiendo diversos recursos contecioso-administrativos contra ayuntamientos diputaciones que se han declarado “antitaurinos”, como es el caso de A Coruña. 
Así, esta entidad, creada el pasado año, ya ha interpuesto sendos recursos en los municipios baleares de Palma de Mallorca y Calviá y trabaja, según aseguran fuentes de la Fundación, en los dirigidos a los consistorios de Orihuela, Llubí y Benisalem, así como a las diputaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra. 
La institución asegura que “los fundamentos jurídicos” sobre los que se asientan dichos recursos, según explica el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, son “por un lado, la invasión de competencias estatales recogida en la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia como Bien de Interés Cultural e insta a los poderes públicos a su fomento, divulgación y protección y, por otro, el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que los acuerdos de declaración de zonas antitaurinas fueron tomados sin atender a los trámites obligatorios de información pública, audiencia, resolución de reclamaciones y sugerencias, entre otros”.
En el caso coruñés, durante el pleno ordinario celebrado el pasado 11 de septiembre, la Diputación aprobó una moción para declarar a la entidad y, por ende, a la provincia como “institución contraria ao maltrato animal”. Con esto, además, el ente público se comprometía a “non colaborar con fondos provinciais na promoción de touradas ou actividades relacionadas co maltrato aos animais”.
El documento aprobado también acordaba que se solicitase a la Xunta el inicio de los trámites precisos para alcanzar la abolición de los toros en toda la comunidad autónoma, del mismo modo que ya hicieron en regiones como Cataluña o las Islas Canarias. La iniciativa fue llevada a pleno por el PSOE y el BNG y salió adelante con los votos favorables de todos los grupos de la Corporación, con excepción del PP. 
Los populares criticaron que la institución cerrase de forma tajante la colaboración con algo “que no es ilegal” y recordaron que es la libertad de cada persona la que debe decidir de asistir a un tipo de eventos como ese. 

Gobierno local
En el caso del ayuntamiento coruñés, sin embargo, la Marea no presentó ninguna moción para declarar al municipio como antitaurino, sino que optó por la cancelación de la feria de toros que estaba programada para el pasado verano, como cada año.
Esta decisión, sin embargo, también le ocasionó problemas al Consistorio, ya que la empresa Tauro Siglo XXI, organizadora del evento a la que se le rescindió el contrato, “razones de interés público” ha denunciado al Ayuntamiento y le exige una indemnización de unos 300.000 euros.

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