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sábado | 20 abril | 2024
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó la detención a los efectos de su ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron ayer a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación.
Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.
Busca y captura
La juez cursó las euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos. Así, Lamela dictó dos autos por cada uno de los investigados, el primero de ellos dando curso a las OEDEs, que fueron enviadas a la Fiscalía Federal Belga.
Esas euroórdenes se insertaron también en la oficina Sirene, el sistema de información Schengen para comprobar los movimientos de delincuentes en los pasos fronterizos de Europa. En los otros autos, la juez tramita la orden de busca y captura a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.
La magistrada además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
Lamela considera que Puigdemont alentó un movimiento de “insurrección activa” y promovió “actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación”.
De esta manera, expone Lamela en el auto de detención y de ingreso en prisión que dictó ayer, la conducta que mostró Puigdemont a lo largo de estos últimos meses y que le llevó a estar investigado por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Hizo “nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación”, relata la juez al explicar su “frontal” desobediencia a las resoluciones judiciales suspendiendo las leyes de desconexión encaminadas a la independencia, que finalmente se declaró el 27 de octubre.
Puigdemont se encargó, según la juez, de “impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, a las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil”.
A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana “como medio intimidatorio y violento”.
