Condenan a cuatro personas por ocupar dos viviendas sin permiso

Pese a que en las últimas semanas ha alcanzado una mayor trascendencia por el caso del Residencial Finisterre y los chabolistas de Penamoa, el fenómeno okupa no es reciente en A Coruña. Buena muestra de ello lo da una sentencia del juzgado de lo Penal número 5, que acaba de condenar a un grupo de personas por ocupar de manera ilícita dos viviendas de un edificio de la avenida de Fernández Latorre.

Dos de los imputados, un hombre y una mujer, habrían residido en uno de los pisos durante tres años, sin contar con el permiso de la inmobiliaria propietaria de las viviendas. La pareja habría entrado en el edificio tras comprobar que estaba deshabitado y habría forzado el portal y las puertas de algunos de los inmuebles.

La Policía y la inmobiliaria titular del edificio les instaron varias veces a dejarlo, pero se negaron

Según recoge el auto, los imputados, que cuentan con antecedentes penales, estuvieron viviendo en el 2º de dicho edificio hasta septiembre de 2009. Los otros dos acusados, también pareja y con tres hijos menores de edad, hicieron lo mismo poco después, ocupando el tercer piso durante aproximadamente un año, hasta noviembre de 2009.

 Orden de desalojo > Una vez que se percataron de que en su edificio había okupas, los dueños de la inmobiliaria enviaron a un representante legal para que tratara de disuadirles a que abandonaran el inmueble, cosa que rechazaron. Durante el juicio, los imputados sostuvieron que contaban con el permiso del propietario de la casa que, al parecer, les habría entregado la llave “para vivir allí con la condición de que le cuidase la casa”. Declaraciones que desmienten desde la inmobiliaria, donde aseguran que nunca se dio el consentimiento para que estas personas estuvieran en el edificio.

Todo lo contrario, pues la empresa denunció los hechos para que se tomasen las medidas pertinentes. En un primer momento, la Policía Nacional envió a dos agentes que procedieron a identificar a los okupas y les solicitaron el título de propiedad o certificado de arrendamiento de los pisos. Al no presentarlo, los policías les ordenaron desalojar el edificio en cumplimiento del oficio judicial, pero los imputados se negaron alegando que esperaban el resultado del juicio.

Tras meses de insistencia y presiones, la inmobiliaria consiguió que las dos familias dejasen el edificio. Ahora, los cuatro adultos implicados se enfrentan a una condena por un delito de usurpación, que les supondrá una multa diaria de tres euros durante tres meses, salvo en el caso de una de las mujeres, que al contar con antecedentes penales con la circunstancia agravante de reincidencia, deberá abonar la misma cantidad durante cinco meses.