ARTEIXO-Un expropiado por el paseo marítimo de Arteixo lleva diez años a la espera de que le paguen

Vitorino Figueroa tiene unos terrenos por los que atraviesa el paseo marítimo de Arteixo. Aunque sus tierras se vieron afectadas, no recibió ningún tipo de compensación a pesar de que ya han pasado más de diez años, según denuncia.
El proyecto del paseo marítimo comenzó a ejecutarse en 2004, para unir la playa de Sabón con Barrañán. Figueroa apunta que él no firmó “nada” y la obra se llevó adelante.
Este vecino afirma que él no estuvo presente en el momento que se realizó el levantamiento de actas, pero añade que entonces la administración tasó en tres euros el metro cuadrado. Un valor que le parece insuficiente.
“Terá que vir outro goberno a pagarnos”, lamenta y asegura que su intención es que la administración arteixana le abone el dinero que le deben por el terreno ocupado, así como los intereses por la demora en el pago.
En una situación similar a esta se encontraban dos propietarios que fueron expropiados y a los que tampoco se les pagó. En este caso, ellos decidieron acudir a la Justicia y en 2011, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente al pago de la deuda.
Eran dos fincas ocupadas para la construcción de la senda entre  Salsa y Sabón. Uno recibió 14.193 euros por la expropiación y 4.328 euros por el tiempo de espera. El segundo cobró por su propiedad 12.598 euros y 3.812 euros por intereses. Figueroa espera resolver este asunto antes de ir a la vía judicial.
Además, el afectado explica que remitió escritos al Ayuntamiento en 2012, 2013 y 2014 para preguntar por la situación del expediente y, según denuncia, no le contestaron a ninguna de estas reclamaciones.

Plan General
Desde el Ayuntamiento señalan que estos convenios urbanísticos son “de pocos metros, cuarenta o cincuenta” en la inmensa mayoría y que se “incorporarán al plan general” cuando se apruebe (calculan que en 2017).
Sobre los pagos, desde el gobierno local indica que “depende de lo que haya firmado” cada propietario y recuerda a los dueños que si se sienten “afectados” pueden recurrir a la vía contencioso-administrativa.