El Partido Popular pide que se anule la cesión de la prisión a Proxecto Cárcere

El grupo municipal popular reclamó que se anule el contrato de cesión de parte de la antigua cárcel a Proxecto Cárcere al entender que el estado en el que se encuentra el edificio impide que se puedan llevar a cabo actividades incluidas en el proyecto que resultó vencedor del concurso.
Esta petición se produjo ayer durante el transcurso de la Comisión de Transparencia que la portavoz popular, Rosa Gallego, había convocado para que el Gobierno local explicase los pormenores del convenio formalizado recientemente entre la entidad y María Pita.
El argumento que defienden desde el Partido Popular es que debido al estado en el que se encuentra el edificio, y que impide utilizar la mayor parte del recinto, provoca que Proxecto Cárcere no vaya a poder llevar a cabo algunas de las propuestas que formaban parte de su proyecto y que fueron valoradas de manera positiva en el proceso de adjudicación.
Esta situación fue confirmada por el informe técnico que se presentó en la comisión y que fue remitido a los populares antes de ayer pasadas las tres de la tarde. “Estamos ante un incumplimiento total de lo ofertado en el concurso lo que nos lleva a pedir la resolución del mismo”, señalan desde la formación popular.
Rosa Gallego también apuntó que las condiciones en las que se encuentra el edificio no permiten garantizar la seguridad de las personas en el área reservada para las actividades de Proxecto Cárcere. En relación a esto, en un primer momento se habían reservado algo más de 1.300 metros cuadrados para la entidad que ahora se ven reducidos a 100 por el mal estado de conservación.
Desde el PP indican que no se han producido modificaciones en relación al uso de la cárcel por lo que es “un edificio que sigue teniendo como uso el de prisión”.
Cabe recordar que el Partido Popular presentó en diciembre del año pasado un recurso en el juzgado por este asunto ya que entienden que el Ayuntamiento hizo las bases del concurso para adjudicar la gestión del espacio “a medida” de una agrupación de la que “formaron parte” algunos miembros del Gobierno local, explicó en su día Rosa Gallego.
“Estamos ante un nuevo ejemplo de amiguismo”, dijo ayer Gallego, quien afirma que el Ayuntamiento sabía “que no podrían hacer las actividades que se recogían en las bases”.
En la comisión también estuvo el concejal socialista José Manuel Dapena, quien al término aseguró que en vista a lo explicado hay “dudas razonables” sobre si la oferta de adjudicación “va a poder llevarse a cabo” y también lamentó que no se les remitiese la documentación previamente para su análisis. l