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jueves | 25 abril | 2024
El presidente del PP, Pablo Casado, anunció ayer que si logra llegar al Gobierno de España aplicará el artículo 155 de la Constitución en Cataluña de manera inmediata y, entre otras cosas, recuperará la competencia de la gestión de las instituciones penitenciarias.
Durante el discurso con el que clausuró el Congreso Extraordinario del PP de Castilla-La Mancha en Albacete –en el que Francisco Núñez fue proclamado líder regional en sustitución de María Dolores de Cospedal– Casado consideró que es “urgente” la aplicación del 155 “con la duración que haga falta”, algo que, dijo, se podría hacer con la mayoría del PP en el Senado o abriendo de nuevo las urnas.
Además, el presidente de los “populares” aseguró que si aplica el artículo 155 desde el Gobierno, lo hará sin esperar ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista, con el objetivo de “poner orden en Cataluña, que hace falta”, subrayó.
Casado dijo que recuperará las competencias en instituciones penitenciarias en Cataluña, después de que se haya publicado que los políticos catalanes encarcelados han recibido hasta 21 visitas al día en la cárcel de Lledoners, lo que consideró como “unas jornadas de puertas abiertas, mientras el Parlament estaba cerrado”.
“Prisioneros de segunda”
También denunció que el Gobierno autorizara el traslado de los encarcelados por el “procés” a Cataluña, porque –señaló– “querían tener una cárcel a su medida”, lo que a su juicio deja entrever que hay “prisioneros de primera y prisioneros de segunda”.
El líder popular sostuvo que el Ministerio del Interior “se lava las manos” argumentando que no es su responsabilidad porque las competencias de las cárceles catalanas están transferidas a la Generalitat. Por ello, insistió en que si el PP llega al Gobierno central aplicará nuevamente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que, en esta ocasión, será más amplio en el tiempo y en las competencias suspendidas, entre ellas las instituciones penitenciarias y la educación, al tiempo que tomará el control de TV3.
También propuso “poner orden a través del reforzamiento institucional” y tipificar los referendum ilegales en el Código Penal. Sugirió, asimismo, modificar la ley de acción exterior para que el Estado pueda cerrar las embajadas o las oficinas comerciales que han abierto los independentistas catalanes en otros países.
