La corporación da luz verde al TEAM tras una votación con incertidumbre

Ante el desconcierto mostrado ayer por los concejales, en el momento en que se sometió a votación la formación del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), la incertidumbre se adueñó de todos los presentes en el salón de plenos.
Tan solo el alcalde, Xulio Ferreiro, mantuvo su voto a favor de la propuesta, al igual que la nacionalista Avia Veira, en contra. El resto de concejales, con cierto desasosiego, vacilaba si alzar o mantener inmóvil la mano.
No ha trascendido el motivo de semejante epidemia de inseguridad pero existe una hipótesis que podría poner algo de luz en la no tan anecdótica vivencia.
Y es que lo que vendría a ser un equipo de carácter económico totalmente técnico, cuya responsabilidad principal es que “su informe es obligatorio para tramitar las nuevas ordenanzas fiscales, a la Marea no le gusta que se vea teñido de tinte político.
Cabe recordar que el alcalde, Xulio Ferreiro, remitió a todos los grupos municipales una carta en la que defendía que las tres personas que deberían formar parte del mencionado tribunal deberían carecer de cualquier vinculación política.
Una propuesta que, por lo apuntado ayer por la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, comparte esta formación.
Sin embargo, distinto parecer muestran los socialistas coruñeses que presentaron a un candidato propio, Isidro Frías, para ocupar una de las dos vocalías. El tercer puesto lo ocupa el actual presidente de la entidad, Fernando Seoane. 
Con estos antecedentes, la sombra del desacuerdo planeó sobre el salón de sesiones y fue la portavoz del PP, que presentó como candidato a José Antonio Gómez García, la que advirtió de que se había alcanzado un pacto en la junta de gobierno y que no entendería que alguna formación diese marcha atrás, en clara alusión a la Marea.
Tras este nuevo reproche se sometió la cuestión a votación y fue allí cuando tuvo lugar la escena que tuvo en vilo a todos los presentes.

funciones 
Un TEAM es un órgano de la Administración General del Estado, adscritos estructuralmente al Ministerio de Economía y Hacienda, que resuelven las reclamaciones económico-administrativas, que constituyen en España un recurso especial para impugnar los actos tributarios ante la propia administración que los dicta.
Entre sus competencias está entender y resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos periféricos de la Administración General del Estado, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y por los órganos de las comunidades autónomas cuya reclamación sea igual o inferior al importe 150.000 euros.