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miércoles | 24 abril | 2024
El Gobierno ha aprobado hoy la reforma de la Ley sobre reutilización de los documentos y la información del sector público, que pondrá a disposición de ciudadanos y empresas "a un coste residual" la información acumulada por archivos, bibliotecas y museos de la administración.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado al término del Consejo de Ministros que esta norma forma parte del paquete de medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), con el fin de facilitar el uso por parte de particulares de los documentos que están en poder de los organismos públicos.
Entre esos organismos figura el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo banco de datos permitirá "un conocimiento de la realidad española amplísimo", ha recalcado Sáenz de Santamaría.
"Es una riqueza que tenemos, se pone a disposición con un coste muy marginal -el que supone repartirlo o entregarlo-, para que de esos informes puedan beneficiarse otras personas", ha explicado la vicepresidenta, quien ha recordado que la administración dispone de "muchísima información de mucho interés" para actores económicos de muchas entidades.
El objetivo, ha insistido, es que todo el trabajo y la documentación acumulado por archivos, bibliotecas, museos y otros organismos públicos, que ha definido como "una riqueza incalculable", pueda ser utilizado por los particulares.
Para el Gobierno, esta medida supone no sólo avanzar en la transparencia de las administraciones, sino devolver a la sociedad los recursos que ha dado a la administración para esta tarea documental, de forma que la información pueda servir de base para estudios, análisis, conocimiento del medio u otras materias.
La información podrá ser utilizada por otras personas jurídicas o físicas con fines comerciales o no, fuera de la actividad administrativa.
Para la reutilización de estos documentos, se aplicará una tarifa "residual", según el Gobierno, que servirá para cubrir los costes marginales de su reproducción, puesta a disposición o difusión.
Además, el Gobierno presentará cada tres años a la Comisión Europea un informe sobre la información disponible del sector público para su reutilización.
Los acuerdos exclusivos de reutilización a favor de terceros se suscribirán excepcionalmente por tres años, cuando sea necesario para la prestación de un servicio de interés público, mientras que los de digitalización de los recursos culturales tendrán una duración general de diez años.
