El Constitucional prohíbe el 1-O y apercibe a más de un millar de cargos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite este jueves los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre que aprobaron anoche el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos.
Así lo confirmaron fuentes del tribunal de garantías, que añadieron que en las resoluciones se apercibe a más de un millar de cargos políticos –unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña– de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum. El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins, también figuran en el listado de funcionarios a los que se ha notificado la decisión del Alto Tribunal.

Reunión de urgencia
El tribunal se reunió con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan solo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron el miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta.
Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal acordó dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.
Tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones –la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta–, el TC ordena que la resolución adoptada este jueves se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta –empezando por el presidente, Carles Puigdemont– y a los 947 alcaldes de Cataluña, estos últimos “con carácter preferente y urgente”.
La petición se hacía extensiva a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Rádio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins.
Además, los magistrados tenían sobre la mesa, igualmente como ampliación del orden del día de su sesión de este jueves, un segundo incidente de ejecución, éste último presentado contra la admisión a trámite en el legislativo catalán de la ley de desconexión y contra todos los actos que se deriven. Los magistrados también acordaron darle trámite a última hora de la tarde.

Ocho artículos vulnerados
El Gobierno considera que el referéndum catalán vulnera ocho artículos de la Constitución y tres del Estatut. En el recurso de inconstitucionalidad contra la ley se argumenta que con su aprobación y sobre la base de estar ejecutando una “presunta y auto-atribuida soberanía del ‘pueblo catalán, el Parlamento de Cataluña se sitúa fuera del marco constitucional”.
En términos muy duros, los Servicios Jurídicos del Estado señalan que la convocatoria de un referéndum “comporta por sí misma una vulneración constitucional de tal magnitud que engloba y absorbe en sí misma cualquier otra vulneración de orden competencial que, de suyo, una convocatoria previa a la secesión territorial lleva aparejada”.
Para el Gobierno, la actuación del Parlamento Catalán al aprobar esta ley sólo puede calificarse de antidemocrática y ello se deduce de todos los preceptos de la norma pero especialmente de su artículo 3.2, que señala que ésta prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que pueda entrar en conflicto “en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña”.