Los juzgados penales acumulan 20.000 sentencias dictadas pero sin ejecutarse

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  a. barbadillo > a coruña

  Los juzgados del orden penal gallegos acumulan algo más de 20.000 sentencias dictadas pero sin ejecutarse, y de ellas, casi 7.700 se encuentran en las seis unidades de esta clase que hay en la ciudad. El dato se desprende de la Memoria Judicial correspondiente al año 2010 y constata una tendencia al alza en lo que se refiere resoluciones pendientes de llevarse a efecto.
Como queda recogido en el documento que ayer presentó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, en los últimos años, los juzgados de lo penal de Galicia han ido incrementando su nivel de pendencia en esta cuestión, al pasar de las 13.727 ejecutorias pendientes al cierre de 2007 hasta las 20.012 del año pasado. La progresión ha sido, entretanto, ascendente, con 15.960 sentencias sin ejecutarse al finalizar 2008 y 18.916 al término de 2009.    
Con estos datos, la memoria señala que los mecanismos legalmente previstos no son “plenamente satisfactorios” y admite que, en casos concretos, resultan “insuficientes para dar contenido real a las sentencias dictadas”. “Un pronunciamiento judicial penal no puede quedar limitado a un contenido declarativo ni tampoco a operar en el vacío, sin surtir la eficacia que le corresponde en la realidad social y personal a la que va destinado”, concluye el texto, en el que se apuntan como soluciones la “agilización de los procedimientos”, y, sobre todo, “la integración de los órganos jurisdiccionales a través de los oportunos sistemas informáticos”.
El informe correspondiente a la actividad jurisdiccional del año pasado da cuenta de la “intensa” labor de todos los órganos gallegos pese a la  entrada en funcionamiento de ocho unidades en distintos puntos del territorio y la creación de dos plazas de magistrado en el TSXG y otras dos de jueces de adscripción territorial.
Según se hace notar, la vida judicial de la comunidad autónoma estuvo marcada en 2010 por la “persistencia de problemas estructurales” de años precedentes y por una “ingente” cantidad de trabajo. A este respecto, Cadenas reconoció ayer que en 2010 persistían  los efectos de la crisis económica sobre los juzgados del orden civil y el social, que son los competentes en las reclamaciones económicas a particulares y, en el segundo caso, de los asuntos laborales, incluyendo la “gran cantidad de despidos”. “En la situación económica y social no se ha producido un cambio que tenga repercusión a nivel judicial”, admitió.

Demandas > Con este panorama, el presidente del alto tribunal gallego considera necesaria la creación, en este año, de otras diez unidades judiciales, de las cuales ninguna correspondería a la ciudad, a no ser las tres plazas de magistrado del TSXG que se consideran urgentes.
Sobre este órgano en particular, la memoria judicial pone de relieve los 5.512 asuntos que ingresaron el año pasado en la sala de lo contencioso administrativo, lo que supone un aumento de la carga de trabajo del 20% con respecto al año 2009. Al cierre de 2010, esta sala deja 15.165 asuntos pendientes de resolución, lo que supone un descenso del 8% respecto al ejercicio precedente.  
Se habla también de los 9.361 recursos que quedaban por resolver al inicio de 2010 en la sala de lo social, para la que se reclaman dos nuevos magistrados, o los 6.264 asuntos que se han resuelto, lo que hecho disminuir la pendencia en cerca de 400 recursos.
Con todo, indicó Cadenas que la causa de pendencia del alto tribunal gallego está en el retraso que se arrastra casi desde su creación, y no tanto en su incapacidad de asumir los asuntos que ingresan cada año: “El problema no es tanto afrontar los asuntos que entran como eliminar el retraso”.
Pero más allá de los medios personales, la memoria dedica un especial apartado a reclamar medios materiales. “Un funcionamiento adecuado de la administración de justicia implica una decidida adecuación de los sistemas informáticos”, reseña el estudio, una idea en la que ayer redundó el presidente del TSXG. “Una forma  de velar por la independencia y la eficacia de la justicia es dotarla de todos los medios indispensables para llevar a cabo su función en tiempo y forma”, señalaba, de forma genérica.
Más en concreto, la memoria habla de la necesidad de adoptar los sistemas informáticos que permitan la interconexión de los distintos órganos: “Aún parece lejano el día en que haya una interrelación perfecta en todos los órganos entre sí y estos con las distintas administraciones públicas”.
Aún así, preguntado por sus expectativas, el magistrado  las calificó de “positivas” y puntualizó que si estas no cristalizan en el presente año “sí lo harán en los siguientes”.


 

Los juzgados penales acumulan 20.000 sentencias dictadas pero sin ejecutarse