Piden diez años para la cúpula de la trama Gurtel por contratos irregulares logrados en Valencia

15 diciembre 2011 página 31 / 05 noviembre 2013 página 26 VALENCIA, 14/12/2011.-Pablo Crespo, considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta del caso Gürtel, durante la trecera jornada del jucio por el denominado caso de los tr
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de diez años de prisión para los considerados cabecillas de la trama “Gurtel”, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez “El Bigotes”, en su escrito de conclusiones relativo a la pieza que investiga las irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y Orange Market entre 2004 y 2009.
Anticorrupción pide la apertura de juicio oral y señala que, por la vía de la responsabilidad civil, los acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Generalitat.
También pide penas de entre siete y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para tres exconsellers de Francisco Camps –Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado–, y para el exdiputado autonómico del PP David Serra.
La Fiscalía remitió al Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana las conclusiones provisionales sobre la pieza que investiga la supuesta prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa entre 2004 y 2009, durante los gobiernos de Francisco Camps.
En ellas, también reclama siete años y once meses de prisión para los empleados de las empresas de la trama Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero, y tanto para estos como para los dirigentes de Gürtel pide multas que ascienden a 582.000 euros en cada uno de los casos. Anticorrupción atribuye a la cúpula de Gurtel los delitos de tráfico de influencias, falsificación de documento mercantil, malversación de caudales.
Además, solicita penas de entre tres y siete años de prisión para varios ex cargos públicos de empresas públicas de la Generalitat, mientras que para el resto de ex altos cargos procesados reclama varios años de inhabilitación para cargo público.

malversación
Por lo que respecta al delito de malversación investigado, plantea que la sentencia que se dicte se remita al Tribunal de Cuentas para que determina la correspondiente responsabilidad contable por alcance que proceda.
Anticorrupción estima que, como efecto derivado del delito de prevaricación, procede declarar la nulidad de las resoluciones de adjudicación de la totalidad de expedientes de contratación analizados, con retroacción respecto de las cantidades indebidamente percibidas.
Según la Fiscalía, la cúpula de Gurtel se prevalió de las “especiales relaciones” que había establecido con autoridades y funcionarios de la Generalitat para lograr, “con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas” de la Generalitat, la adjudicación y contratación “irregular” de numerosos contratos públicos.

Piden diez años para la cúpula de la trama Gurtel por contratos irregulares logrados en Valencia