El Congreso reprueba a Dolores Delgado después de que saltase por los aires el pacto del Poder Judicial

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vio el lunes cómo saltaba por los aires el pacto que había negociado durante meses con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue reprobada ayer por el Congreso a iniciativa del mismo grupo con el que había llegado a ese acuerdo.

En menos de seis meses al frente del Ministerio de Justicia, Delgado fue ya reprobada por ambas cámaras, una censura a la que se suma la petición expresa que hizo el Congreso en octubre para que dimitiera o fuera destituida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

A instancias del PP
El PP fue el inductor de todas esas iniciativas y contó siempre con el apoyo de Ciudadanos. ayer la reprobación salió adelante gracias a la abstención de ERC y Bildu, con lo que se resquebrajó el bloque que apoyó la moción de censura al anterior Gobierno y los socialistas no han contado con la mayoría suficiente para defender a su ministra en el pleno.

Los populares fueron acumulando cargos contra Delgado, aunque durante meses fue su interlocutora para fraguar un pacto en torno al CGPJ y no dieron el paso de romper el acuerdo hasta que el lunes Manuel Marchena, el magistrado elegido para presidir ese órgano y el Tribunal Supremo, renunció al puesto reivindicando su independencia.

Acusaron primero a Delgado de haber intentado abandonar al juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, tras la demanda que presentaron en Bélgica los dirigentes independentistas huidos; le recriminaron después su relación con el excomisario José Manuel Villarejo; y la responsabilizan ahora de que la Abogacía del Estado solo acusara de sedición a los procesados en el Supremo.

Rivalidades internas
Fue el PP quien lo dio por roto, pero ayer su líder, Pablo Casado, aseguró en la cadena Ser que la causa “nuclear” de que el proceso fuera mal son las “rivalidades internas” en el Gobierno en cuanto al poder judicial.

Según ha apuntado, fue el Gobierno quien filtró el nombre de Marchena e “hirió de muerte” un acuerdo que comenzó a fraguarse antes de que él asumiera las riendas del PP y que había aceptado asumiendo el “desgaste electoral y de partido” que podía conllevar.

La propuesta del PP para modificar el sistema de elección del Consejo y que sean los jueces quienes designen a la mayoría de los vocales sigue sin ganar adeptos en el PSOE, aunque el juez y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí ha apostado por dar más transparencia al proceso, con comparecencias de todos los candidatos y exposiciones de sus modelo.

Se mostró así a favor de un procedimiento de control previo “más exhaustivo” que las meras negociaciones entre partidos, pero ha dejado claro que no puede entender que “un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado no esté sustentado en la soberanía popular”, expresada en el Parlamento. 

Sea cual sea el modelo que se consensúe finalmente, la ley en vigor marca que los veinte vocales del CGPJ –doce de extracción judicial y ocho juristas– deben ser elegidos por el Parlamento, por lo que es necesario el diálogo y el consenso, recordó la ministra de Defensa y también juez, Margarita Robles.