9º-16º
miércoles | 24 abril | 2024
La Audiencia Provincial de Ourense inicia el juicio por el llamado caso de los paneles, en el que están imputados tres ex cargos del BNG en el ayuntamiento de Ourense, y que se prolongará los próximos cuatro días.
El fiscal aprecia delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad por la adjudicación a dedo en febrero de 2008 de un contrato de 40 millones de euros a la empresa Afiador Producións para la explotación de los paneles informativos en la ciudad de As Burgas.
La empresa en aquella fecha estaba sin constituir, de ahí que en el acuerdo firmado con el consistorio orensano apareciese un NIF que no tenía validez, si bien el convenio no llegó a aprobarse por la junta de gobierno local, que frenó el asunto al advertir la existencia de irregularidades en la tramitación.
El exacalde de Ourense, Francisco Rodríguez, que dimitió hace dos días y que está imputado y en libertad bajo fianza en otra operación judicial, también está llamado a declarar en calidad de testigo.
Entre los imputados están dos ex tenientes de alcalde del BNG, Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata, así como el director general de Turismo, David Cortón, quienes compartirán banquillo con el funcionario jefe de servicio Elías Domínguez, y dos socios de la empresa que se iba a beneficiar de la explotación de paneles informativos, José Omar Bouzo y Daniel Conde.
El fiscal solicita para ellos cinco años de prisión -dependiendo de los delitos- y casi 20 años de inhabilitación para Sánchez Vidal y un año y 10 años de inhabilitación para García Mata.
La petición de condena más grave es para el funcionario Elías Domínguez y para David Cortón, para quienes pide 5,5 años de prisión para cada uno, además de 14 años de inhabilitación para cargo y empleo público.
Además, reclama tres años de cárcel para los propietarios de Afiador Produccións, que crearon la empresa con el único fin de lograr la concesión.
En este asunto está personado el PP, cuyo grupo municipal puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público al negarle el bipartito la posibilidad de aclarar en una comisión de investigación las dudas sobre el modo en que se había tramitado la adjudicación a la empresa Afiador Producións S.L.
