La Generalitat Valenciana acordó ayer solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico para hacer frente a vencimientos de deuda y pagos a proveedores, una iniciativa que no supone “ningún rescate”, según defendieron tanto el Gobierno central como el autonómico tras este anuncio.
El Consejo de Ministros creó el pasado día 13 este fondo, que cuenta con 18.000 millones de euros y se trata de un mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran liquidez.
Si bien no indicó la cuantía total que el citado fondo de liquidez aportará a las arcas valencianas, el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Císcar, se mostró confiado en que “será suficiente para cubrir los vencimientos de deuda”.
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La adhesión a este mecanismo, condicionada a la previa aprobación del Ministerio de Hacienda, supone la aceptación del “control financiero y fiscal por parte del Gobierno central”, explicó Císcar.
Asimismo, aseguró que esta adhesión no implicará “nuevos ajustes en 2012”, más allá del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano en abril.
En un comunicado posterior, el Gobierno valenciano aclaró, ante “las falsas informaciones aparecidas hoy (por ayer)” en algunos medios de comunicación, que la Comunidad Valenciana “no ha pedido ningún rescate” económico.
Igualmente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, negó el rescate en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Montoro insistió en que la Comunidad Valenciana no ha pedido su intervención, sino su adhesión al citado fondo de liquidez, lo que obligará a la Generalitat a “nuevas condiciones” para tener acceso a esa liquidez.
Tras precisar Montoro esta cuestión, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exclamó: “Hemos deshecho el entuerto”.
La coalición Compromís considera que el Gobierno valenciano ha formalizado una petición de “rescate” después de la “nefasta herencia de corrupción y saqueo tolerado de Francisco Camps” y la “penosa gestión de Alberto Fabra”.
Esquerra Unida ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.
La valenciana es la primera comunidad que solicita adherirse al mecanismo especial, después de encontrar muchas dificultades para financiarse en los mercados.
Según los planes económico-financieros que las comunidades registraron en el Ministerio de Hacienda, los vencimientos de deuda en lo que queda de año llegan a más de 15.000 millones de euros, de los que el 22,69%, unos 3.400 millones, corresponden a la Comunitat. Los problemas financieros de esta región comenzaron a hacerse visibles a principios de este año con el retraso en la devolución de un vencimiento de deuda contraída con el Deutsche Bank, por 123 millones de euros, que no pudo atender por falta de recursos.
Entonces el Gobierno valenciano aseguró que esto no constituía ningún “procedimiento extraordinario”, aunque admitió que tenía “dificultades de liquidez” que afectan al pago a proveedores, que presentaron facturas por importe de 4.354 millones. La Generalitat Valenciana también solicitó un aplazamiento de pago de la cuota de diciembre de 2011 a la Seguridad Social por 81 millones. n
