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viernes | 19 abril | 2024
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo denunció ayer que el gobierno municipal de Abel Caballero adjudicó, solo en el mes de diciembre pasado, 1.454 contratos menores, es decir, “adjudicados a dedo”, sin publicidad.
La portavoz del grupo, Elena Muñoz, criticó que el Gobierno local “actúa desde la opacidad y el oscurantismo” porque no ha accedido a entregar al PP los contratos menores del año 2015, tal y como habían solicitado en varias ocasiones. Solo a partir de que entró en vigor, el 1 de diciembre pasado, la Ley de Transparencia, el gobierno de Caballero ha accedido a remitir el listado de contratos menores de ese mes.
Elena Muñoz considera que el gobierno vigués “se niega a dar esa información porque el uso de este tipo de contratos es escandaloso”. En el caso del mes de diciembre pasado, los contratos de estas características suman más de 2 millones de euros y, entre las empresas adjudicatarias, ha recalcado, está Imesapi, la firma que contrató a la cuñada de Carmela Silva y que supuestamente ha sido beneficiada desde el Ayuntamiento en compensación, según investiga un juzgado de la ciudad.
La edila del PP criticó la falta de transparencia del gobierno municipal en esta cuestión, así como la ausencia de explicaciones acerca de las investigaciones judiciales que afectan a cinco concejales del PSOE, incluido el propio alcalde.
A ese respecto, lamentó que, en su comparecencia del miércoles, Abel Caballero guardó “silencio absoluto” a este respecto, mientras que el edil de Empleo, Santos Héctor Rodríguez, el último del que se supo que está siendo investigado judicialmente, “no dio ni una sola explicación”.
VALEDORA DO POBO
Sobre la falta de información acerca de los contratos menores, Elena Muñoz recordó que su grupo recurrió a la Valedora do Pobo para que esta institución reclamase al Ayuntamiento de Vigo esos datos. Milagros Otero Parga, la Valedora, remitió ahora un escrito al grupo popular en el que constata que el gobierno olívico no ha atendido a esa petición.
En esa misma carta, señala que se ha vuelto a requerir al gobierno municipal vigués esa información y que “tal envío resulta una obligación legal”. “Sorprendentemente también le niegan la información a la Valedora”, apostilló Muñoz.
