El concejal de Servicios Sociales y abogado en ejercicio, Miguel Lorenzo, apeló al carácter excepcional de las familias que han ocupado el edificio de A Silva para volver a insistir en la necesidad de que la jueza que instruye las denuncias ordene el desalojo por la vía de urgencia. “Yo fui por el parque de atrás en mi coche y se me acercaron a ofrecerme droga. Es evidente que no me reconocieron. Me hicieron una seña, bajé la ventanilla y me preguntaron qué andaba buscando, que ellos me lo vendían”, confesó Lorenzo.
En este mismo sentido se pronunció la presidenta de la asociación de vecinos del Ventorrillo, Rosa Barreiro, quien alertó de la “bomba de relojería” que supone la crispación de los vecinos y la alarma social.
Julio Flores señaló que había obtenido de Caja España dos compromisos: el de vigilar el edificio en cuanto se produzca el desalojo y el de comprar la parte que aún no tiene para acabar las obras.