Vecinos de Ribeira Sacra amenazan a la Xunta con no pagar la comunidad

Los vecinos de los portales 15, 17, 19 y 21 de la calle de Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, están hartos, y no solo por los okupas que se han instalado en algunos pisos desde hace días, sino también porque inquilinos que se encuentran allí legalmente, en pisos alquilados por la Xunta, les llevan haciendo la vida imposible desde hace años. La comunidad de vecinos les acusa de todo: de amenazas, de tráfico de drogas y de vandalismo, y de no pagar la comunidad. Así que advierten a la Xunta de que, como no haga algo, se declararán en rebeldía y tampoco pagarán la comunidad. 
En abril, los vecinos celebraron una junta extraordinaria en la que acordaron contratar a un bufete de abogados para estudiar medidas legales contra la Xunta. Su presidente, Javier Mañana, considera que es lo mínimo que pueden hacer después de años soportando esta situación. Revela que la cifra que le debe la Xunta asciende ya a los 20.000 euros, entre lo que debe el gobierno autonómico y lo que adeudan sus inquilinos. “Porque la Xunta paga tarde, mal y a rastras. A lo mejor hay que esperar tres meses para que pague”, revela Mañana.
 Pero sus inquilinos, aquellos que han accedido a los pisos a través del Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, tampoco pagan los gastos comunitarios, así que el gobierno autonómico o, más bien, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tiene que ocuparse de ello. Hay gente que lleva más de un año sin pagar la comunidad. Y también de aportar su parte de las derramas que tienen que abonar los vecinos para reparar todos los desperfectos que causan al edificio. “Y el seguro, porque el del garaje está pagado, pero el exterior no”, enumera un preocupado presidente.
No es de extrañar que los vecinos se sientan molestos. No solo porque son los únicos que cumplen con sus obligaciones, sino porque tienen que soportar las actitudes incívicas de los inquilinos de los pisos sociales del IGVS. El instituto ya anunció que va a tomar medidas legales para expulsar a los okupas, pero todavía no ha dicho ni una palabra acerca de sus inquilinos. “Los del IGVS dijeron que había unas normas que acatar, y el que no los hiciera se tendría que ir, pero nada”, denuncia Mañana.