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miércoles | 24 abril | 2024
La jueza que instruye la operación “Manga”, Pilar de Lara, volvió a vivir ayer una maratoniana jornada de interrogatorios, la segunda consecutiva, en la que fue el turno de declarar de los cuatro detenidos en Cataluña como sospechosos de corrupción en esta ramificación del caso “Pokémon”.
Los dos primeros en testificar, Juan Carlos Feliu y J.M.F.I.G., quedaron en libertad.
El primero en comparecer fue el jefe del departamento de la organización de servicios ciudadanos del Consell Comarcal de la Selva (Girona), Juan Carlos Feliu, para el que la jueza decretó libertad bajo fianza de 5.000 euros.
Está imputado por cohecho y tráfico de influencias en el marco de esta causa que investiga una presunta trama de corrupción de adjudicaciones públicas de ayuntamientos a empresas en varias ciudades.
La declaración del imputado se prolongó durante más de tres horas, desde que comenzó al mediodía. Tras finalizar hubo un receso antes de que a las 16.30 horas le tocase el turno al segundo de los imputados que pasó ayer a disposición judicial. El apoderado de la empresa RRS Arc Local, J.M.F.I.G., quedó igualmente en libertad, pero imputado por un delito de tráfico de influencias. J.M.F.I.G. había sido detenido en Cataluña junto a otras tres personas por orden de la magistrada del juzgado de instrucción número uno de Lugo, y prestó declaración durante cuatro horas.
La operación “Manga”, en la que fueron detenidas nueve personas en Santiago, Girona y Asturias, deriva de la “Pokémon”, en la que ya hay más de una treintena de imputados y cuyo eje central son supuestas irregularidades en las concesiones de servicios públicos a empresas del grupo Vendex. En esta nueva trama, Pilar de Lara investiga a las empresas Aquagest, de gestión de aguas, y GRS Arc Local, que entre otros servicios ofrece el de gestión de multas.
En la jornada del viernes comparecieron ya cinco de los detenidos, con declaraciones que se prolongaron hasta casi las 03.00 horas.
De entre ellos, tres quedaron en libertad: el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, también con vinculaciones laborales con Aquagest; el asesor cultural y organizador de eventos Jesús Fuentes, al que se le imputa, entre otros, un delito de tráfico de influencias; y el edil de Seguridad Ciudadana de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
