Los funcionarios gallegos, pendientes del alza salarial de los Presupuestos

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez | archivo ec
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Los funcionarios gallegos están a la expectativa de lo que ocurra con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 después de la moción de censura que ha desalojado del poder a Mariano Rajoy y que ha aupado al socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno central.
En la primera jornada del debate, el secretario general del PSOE se comprometió a mantener las cuentas, aprobadas por la Cámara Baja el pasado 23 de mayo y que todavía están pendientes de trámite en el Senado.
La última votación se calcula para el 20 de este mes y los populares, antes de conocerse el resultado de la votación, ya descartaron la que todavía es una opción plausible: tumbar sus propios presupuestos en el Senado si Sánchez ganaba la moción (como finalmente ha ocurrido).

Recuperar “lo hurtado”
En Galicia, los sindicatos de la función pública denuncian que los empleados públicos de esta comunidad son los que con más fuerza han sufrido los ajustes durante la crisis, por lo que exigen recuperar “lo hurtado”.
De este modo, CSIF, UGT y CCOO iniciaron una ofensiva para solicitar a la Xunta la convocatoria de la mesa general para negociar mejoras retributivas y otras de carácter laboral.
Al respecto, la Consellería de Facenda responde que será la entrada en vigor de las cuentas del Estado la que permitirá aplicar un incremento retributivo.
“Cuando entren en vigor permitirán aplicar un incremento retributivo fijo del 1,5% a todos los empleados públicos, así como un 0,25% adicional con efectos desde el 1 de julio, una vez el Consejo de Ministros comunique el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, apuntaron fuentes del departamento de Valeriano Martínez.
La ofensiva de CSIF, UGT y CCOO para los empleados públicos de la Administración general llega después de las reivindicaciones de los empleados públicos de justicia –huelga de tres meses mediante– y tras las reclamaciones de los profesionales de la educación y de la sanidad pública en Galicia. CCOO exigió el jueves de la semana pasada una mesa de negociación a Facenda para mejorar las retribuciones de funcionarios y laborales de la Xunta.

“Discriminación”
Al día siguiente, CSIF dio a conocer un estudio con el que denuncia la “discriminación” salarial de los empleados públicos gallegos con respecto a otras comunidades, y avanzó que no descarta ninguna medida, incluida la huelga, para lograr un aumento en los sueldos de los trabajadores de las consellerías. Ya esta semana, UGT resumió en dos palabras el espíritu de estas reclamaciones: “Agora, nós”, el lema con el que recalca que en este momento, a su juicio, les toca a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo “hurtado” durante la crisis, que esta central cifra en un 19% en términos globales.
La aprobación inicial de las cuentas generales marcó el pistoletazo de salida a las exigencias sindicales, pero ahora falta la materialización de ese documento.
Hace ya más de un mes, el 25 de abril, en sede parlamentaria, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, aseguró que Galicia sería “de las primeras comunidades” en aplicar “de manera directa” la subida salarial a los funcionarios.
Se refería el titular del departamento autonómico al acuerdo alcanzado en marzo por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y los tres sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) en el ámbito estatal: las dos partes pactaron un alza de hasta un 8,79% aplicado en tres anualidades, desde el ejercicio en curso hasta 2020.
De los seis puntos que incluye el acuerdo, el conselleiro de Facenda indicó que tres (sobre una comisión de seguimiento, necesidades formativas y la jubilación parcial) “tienen que hacerse efectivos por el Estado” y los otros tres, entre ellos el referido a sueldos, según dijo, estaban “pendientes” de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 “para hacerlas efectivas cuanto antes”.

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