El fiscal dice que antes de acabar la causa contra Blanco hay que decidir sobre el suplicatorio

Los diputados socialistas José Blanco (d) y Alfonso Guerra conversan durante el pleno del Congreso celebrado en la Cámara Baja. EFE
|

La Fiscalía cree que no se puede dar por concluida la instrucción de la pieza separada en la que se investiga en el Tribunal Supremo (TS) al exministro socialista José Blanco por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho sin antes preguntar a las partes si cabe pedir el suplicatorio al Congreso.

Este es uno de los motivos por los que la Fiscalía ha recurrido la decisión del instructor del caso Campeón en el TS, José Ramón Soriano, de dar por concluida la investigación una vez hubiera recibido un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) sobre la construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por parte de un amigo del exministro.

El informe reclamado a la UDEF llegó al Supremo el pasado 18 de febrero y el recurso del fiscal fue interpuesto el 11 de febrero, pocos días después de que Soriano dictara la providencia en la que adelantaba que esperaba ese documento policial y los informes de las partes antes de "dar conclusa esa instrucción".

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal del caso, Manuel Dolz, señala que si el instructor "estima que el estado de las investigaciones permiten pronunciarse ya sobre la procedencia o no de tramitar ese suplicatorio (...) no debería haber dictado la providencia recurrida sino otra por la que se diera traslado" a las partes para pronunciarse "sobre ese extremo".

A su juicio, el que se permitiera a Blanco comparecer voluntariamente en el Supremo, el 26 de enero de 2012, "no supone una renuncia del suplicatorio", por "no tratarse de un privilegio personal del aforado sino una prerrogativa de la Cortes Generales en punto a la inmunidad parlamentaria".

Otro de los motivos esgrimidos para pedir que se deje "sin efecto dicha providencia" es que, en su opinión, no se dan "materialmente los elementos necesarios que permitan esta conclusión de la instrucción", entre ellos que "se conozcan los informes pertinentes" de la UDEF, documentos que cuando interpuso el recurso aún no se habían presentado.

Además observa que una providencia no es "la resolución formal adecuada que puede resolver un presupuesto procesal como es la conclusión de una instrucción", ya que "el declarar la conclusión de una instrucción judicial es una decisión que afecta a un presupuesto procesal y no puede entenderse como mera ordenación material del proceso".

"En trámite de diligencias previas, el juez de instrucción no puede concluir la instrucción si no lo hace mediante el auto previsto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim)", por lo que "la decisión tomada mediante una simple providencia vulnera" ese precepto, añade Dolz.

A todo ello se suma que "se está investigando a un aforado diputado para cuya imputación se requiere autorización del Congreso de los Diputados mediante suplicatorio" por lo que la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado "equivaldría a una imputación contra el aforado si se decidiera seguir la causa contra él, similar al auto de procesamiento del procedimiento ordinario".

La tramitación de ese suplicatorio, entiende el fiscal que es previa al dictado del auto del artículo 779 de la LEcrim y para apoyar esta tesis cita jurisprudencia del Supremo, entre ella del caso Filesa.

El pasado 31 de octubre, la UDEF ya emitió un informe en el que analizaba el proceso de concesión de las autorizaciones para la instalación de una nave industrial por parte de Transportes Azkar, propiedad de un amigo de Blanco, el empresario gallego José Antonio Orozco, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

En ese mismo informe, la Policía también indicaba al magistrado su interés en investigar en mayor profundidad la compra por parte de Blanco de un chalé en Las Rozas (Madrid) ante los indicios de "pago por parte de José Antonio Orozco del coste de adquisición y reforma" de ese inmueble.

La Policía sospecha que el chalé fue pagado en parte de forma irregular porque lo escrituró en 670.000 euros cuando el precio de venta era de 900.000, según figuró durante un mes en un portal inmobiliario.

El fiscal dice que antes de acabar la causa contra Blanco hay que decidir sobre el suplicatorio