Alonso de León retrasa su juicio al aportar su defensa más documentos

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La vista contra el alcalde Camariñas pasa al día 29 para estudiar las pruebas en su proceso por autocontratación

redacción > corcubión
  La declaración del alcalde del municipio de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, conocido como “Pichurri”, se ha suspendido hasta el próximo 29 de julio tras entregar documentación en los juzgados de Corcubión, a donde había sido llamado ayer para comparecer ante el juez por la contratación de seguros a la empresa en la que figura como propietario.
Así, pasadas las 11.00 horas acudió a declarar ante la jueza que sustituye al titular de Corcubión, Andrés Lago Louro, acompañado de su abogado, pero la comparecencia no se celebró, finalmente, por la entrega de documentos nuevos de su defensa.
Según informaciones recogidas, los abogados de la acusación y de la defensa confirmaron que la toma de declaración fue pospuesta hasta el 29 de julio debido a que el letrado que se encarga de la defensa de Alonso de León entregó nueva documentación en las dependencias judiciales. Según indicó la acusación al salir, ahora hay que “estudiar” la información recibida.
El regidor camariñán fue denunciado por el presidente y concejal del PP local, Daniel Rego, por la contratación de seguros del Ayuntamiento con la empresa de la que es propietario el primer edil, Pichurri SL. La denuncia de los populares le atribuye un supuesto delito de “negociación prohibida”.

Años pasados > El propio regidor de Camariñas explicó a los medios de comunicación que la documentación entregada ayer se corresponde con las contrataciones de seguros entre el año 2007 y 2011, tiempo desde el que el actual alcalde ha gobernado con mayoría absoluta, la cual revalidó el pasado 22 de mayo con el PP como único grupo de la oposición.
El alcalde apuntó que del total de contrataciones, habrá “unas dos” que pudieron ser realizadas a través de la agencia aseguradora de la que es propietario, pero ha matizado que él no firmaba las pólizas.
De hecho, indicó que él mismo preguntó a la “secretaria municipal” si había incompatibilidad en la contratación de los seguros por parte del Ayuntamiento a Pichurri SL, pero recibió el visto bueno debido a que él “no las firmaba”.
Sin embargo, según manifestó, en 2008 fue alertado por el interventor municipal de que no debían gestionarse a través de la agencia aseguradora, que intermediaba con otra compañía. “Y a partir de entonces no se hizo ninguno a través de Pichurri SL”, remarcó el regidor.
Acerca del seguro contratado a través de la empresa en la que figura como dueño, explicó que se trata de una póliza que rondaría los 500 euros y que la comisión por esa contratación para la agencia no superaría los 30 euros.
A este respecto, aclaró que el seguro se corresponde con el del camión de la basura y que, para su contratación, se pidieron “tres ofertas”, pero solo se presentó la que se realizó a través de la agencia Pichurri SL.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, el mismo que lleva la trama de la operación “Orquesta”, admitió a trámite la denuncia presentada por el portavoz del PP de Camariñas, en la que se le acusa de un presunto delito de “negociación prohibida a funcionarios”.
Los hechos se remontan a 2009 cuando vecinos del Ayuntamiento remitieron, a través de escritos anónimos a la sede de los populares, información sobre “supuestas irregularidades” en torno a la contratación de los seguros del Ayuntamiento de Camariñas a la empresa Pichurri, SL, de la que es titular y administrador único el alcalde, Manuel Valeriano Alonso, también conocido por el nombre “Pichurri”, que coincide con el de la gestoría de seguros.
“Ante estas informaciones llegadas en varios anónimos a lo largo de distintos meses”, el grupo popular inició sus investigaciones propias para tratar de confirmar la afirmaciones, conforme informan en el escrito.

Comprobaciones > De este modo, afirman los populares, en octubre de 2010 fue cuando solicitaron copias de la documentación relativa a los contratos de seguros que mantiene el Ayuntamiento, petición que  –dicen– fue desoída por la alcaldía. En noviembre del mismo año y en febrero de este, vuelven a reclamar la copia de la documentación. Finalmente, el 21 de febrero de 2011, el PPdeG envía un escrito a alcaldía en el indicaba que “en caso de no cooperar acudirían a los tribunales”, como finalmente ha sucedido.
Por ello, tras “la comprobación de supuestas irregularidades” y “una vez confrontadas todas las pruebas disponibles”, fueron presentadas ante el juez por el PP de Camariñas debido a la “comisión de un presunto delito”.
El Partido Popular de Camariñas mantiene una dura lucha contra el alcalde desde la pasada legislatura. Entre los vecinos se recuerda el conflicto del regidor con Protección Civil que derivó en el cambio de cerraduras de la base para impedir la entrada de los voluntarios.
El popular Daniel Rego había solicitado al regidor que solucione los problemas con la agrupación, ya que, en su opinión, es un “verdadero irresponsable por llegar a este tipo de luchas”.


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