Flanqueada por los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta ha dado a conocer las medidas aprobadas hoy que vienen precedidas de un anuncio de ajustes por valor de 65.000 millones de euros.
Sáenz de Santamaría ha admitido que son medidas "que no son sencillas, fáciles ni populares", ya que "les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya complicada sacrificios importantes para sacar adelante país".
Por ello, ha adelantado un esfuerzo de consolidación fiscal por la vía del gasto y el ingreso", porque "no hay más remedio para tapar el agujero de las cuentas públicas", ya que los intereses de la deuda se detraen de partidas como la educación y la sanidad a un nivel de intereses que "no podemos mantener durante mucho tiempo", ha admitido.
Entre otras, ha anunciado para el segundo semestre veinte leyes que tienen como objetivo la reforma de las administraciones públicas.
También ha recordado que se va a aprobar una ley contra el fraude laboral y un código penal en materia económica, con una regulación más rigurosa del delito fiscal y contra el mal uso de recursos públicos, con la inhabilitación de gestores que oculten cuentas o las falseen.
El Gobierno, ha afirmado Sáenz de Santamaría, debe actuar con "responsabilidad, rigor y realismo" porque hay "miles de españoles que viven al límite de sus posibilidades".
"No hay que quitarle al país ni un ápice de la gravedad de la situación que vive ni al Gobierno ni un ápice del rigor con que tiene que actuar", ha recalcado.
Según la vicepresidenta el Ejecutivo tiene ante sí dos escenarios: "no hacer reformas y renunciar a lo que ha conseguido España" o por el contrario "hacer las reformas necesarias" porque "los españoles somos los mismos".
