Opositores insisten ante el Fiscal de Galicia en la "ilegalidad" de Reganosa

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Una delegación del Comité Cidadán de Emerxencia (CEE), colectivo que agrupa a medio centenar de asociaciones ecologistas, cofradía y vecinales que se oponen a la presencia de Reganosa en Mugardos, han entregado al Fiscal General de Galicia, Carlos Varela, documentos, que según el CEE, acreditan "la situación de ilegalidad" de la planta de gas de Punta Promontoiro.

La delegación, entre los que se contaba la diputada de AGE y coordinadora de IU en Galicia, Yolanda Díaz, se entrevistó esta mañana con Varela en A Coruña, al que entregaron copia de "un amplio dossier informativo" y le piden que "abra diligencias para investigar" el caso desde el inicio, comenzando por la concesión de las primeras licencias, según indicó el CEE en un comunicado.

Se tratan de los mismos documentos que el Comité ya le había entregado la semana pasada a la delegación de ocho eurodiputados de la UE que se desplazaron a la ría de Ferrol, para comprobar de primera mano las denuncias por la contaminación de la ría y la controversia suscitada por la regasificadora, que emitirán su informe antes del verano.

Los opositores llevan prácticamente una década luchando en los tribunales contra la terminal, con continuas protestas contra la llegada de cada uno de los 134 gaseros que han atracado en Reganosa desde mayo del 2007.

Se amparan en una sentencia del Tribunal Supremo, de mayo del 2012, que a su entender, confirmaría "la ilegalidad" de una terminal que consideran "innecesaria, peligrosa y deficitaria", porque "incumple toda la legislación medioambiental y de seguridad".

Aquella sentencia anulaba la primera tramitación urbanística de Reganosa porque faltaba un informe ambiental.

Antes del fallo definitivo, el Ayuntamiento de Mugardos ya había emprendido los trámites para enmendar el error del 2003 aprobando una segunda modificación del PXOM que la Xunta validó en 2012.

Desde el CEE cuestionan, además, el relleno de la ría sobre el que se asienta la terminal así como lo que consideran "un uso fraudulento" del agua del mar, con el consiguiente perjuicio para el medio millar de mariscadores que faenan en la ría, además de reprobar su "coste para los ciudadanos" que estiman en 60 millones de euros al año a través del sistema de retribución gasista.

 

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