El Gobierno prepara medidas judiciales y económicas para frenar el desafío soberanista catalán

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El Gobierno tiene preparada ya toda la batería de medidas jurídicas necesarias para frenar el desafío soberanista catalán y las posibles desobediencias de los independentistas ante las resoluciones de los tribunales. En esa hoja de ruta se han incluido medidas para que la respuesta sea proporcionada, gradual y vaya in crescendo en función de las actuaciones que vaya desarrollando el Ejecutivo catalán, ahora en funciones. 
Pero además, el Gobierno está decidido a aplicar en paralelo medidas económicas que muestren a la Generalitat que es imposible su ruptura con España.
Entre las medidas judiciales está el ya anunciado recurso que presentará el Ejecutivo contra la resolución para iniciar la “ruptura” acordada por JxSí y la CUP, una vez que esta sea aprobada en el Parlamento catalán. Pero también se contemplan otras medidas como las recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria –la “retención de créditos” o el envío de los “hombres de negro”–, y la utilización de la Delegación del Gobierno para obligar a que se ejecuten las sentencias de los tribunales.
En última instancia, al Gobierno siempre le quedará la utilización del artículo 155 de la Constitución, con el que se puede llegar a suspender la autonomía, aunque se puede aplicar gradualmente y en función de los pasos que vaya dando la Generalitat. Sin embargo, el Ejecutivo tratará, en la medida de lo posible, evitar su aplicación. De hecho, hasta el propio Mariano Rajoy aseguró que intentará no tener que llegar a esa situación.
Lo que ya parece inevitable es que hoy se celebre el pleno del Parlamento catalán para aprobar la propuesta de JxSí y la CUP con la que declaran “solemnemente” el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república” sin supeditarse a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional.
En esta resolución piden al Gobierno catalán que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la ruptura, y para ello le piden que inicie, en el plazo de 30 días, la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública, e instan al futuro Ejecutivo catalán a cumplir “exclusivamente” las normas emanadas del Parlament para blindarse frente a “las decisiones del Estado español”. Ante este hecho, el Ejecutivo tiene prevista ya una hoja de ruta en la que contempla todas las posibilidades jurídicas, políticas y económicas ante las situaciones que se puedan dar.
En primer lugar, la Abogacía del Estado recurrirá ante el Constitucional la resolución que apruebe la Cámara catalana al día siguiente de su aprobación, con la petición de que suspendan cautelarmente todos los efectos de ese texto. Previamente, se reunirán de urgencia el Consejo de Estado para informar de forma prescriptiva sobre el recurso y el Consejo de Ministros para aprobar el texto.
El Tribunal Constitucional se reuniría esta misma semana, incluso podría reunirse el miércoles, para tratar la admisión del recurso presentado por la Abogacía del Estado. Si los magistrados del Constitucional acuerdan admitir a trámite el recurso, decretarían también la suspensión inmediata del acuerdo del Parlament, lo que supondría de facto la prohibición para el Parlamento regional y el Gobierno catalán de desarrollar su contenido. De hecho, y con la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional, este puede disponer en su resolución quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.
A partir de ese momento, si el Parlamento o el Ejecutivo catalán deciden no acatar la decisión del Constitucional –por ejemplo, si se inicia el desarrollo de las leyes del “proceso constituyente, Seguridad Social y Hacienda Pública”–, el Gobierno puede solicitar al Alto Tribunal que actúe. En ese caso, el Ejecutivo puede proponer al Constitucional las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. 
Pero además de la vía del Constitucional, el Gobierno cuenta con otras armas para poder obligar a Cataluña a acatar la legislación vigente. Se trata de la vía económica y la aplicación de las medidas coercitivas que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
Esta ley contempla varias opciones, de menor a mayor enjundia por el incumplimiento sistemático de, entre otras obligaciones, el cumplimiento del déficit. Así, el Gobierno puede aplicar desde la “retención de créditos” a la comunidades a “multas” coercitivas.
Por su parte, el ministro del Interior y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales, Jorge Fernández Díaz, consideró ayer que el pleno para aprobar la resolución independentista de hoy podría considerarse como el “pleno de la vergüenza”, porque a su juicio plantea levantar muros y dividir a la sociedad catalana.

El Gobierno prepara medidas judiciales y económicas para frenar el desafío soberanista catalán