El Ayuntamiento aumentará la presión sobre los dueños de casas abandonadas

En los últimos años ha arraigado en la ciudad el fenómeno de la okupación. Personas en riesgo de exclusión social, en ocasiones inmigrantes irregulares, se introducen de forma ilegal en inmuebles abandonados para vivir en ellos durante años, puesto que los dueños se desentienden de un inmueble que no ofrece beneficios. A menudo, esta actividad provoca problemas de salubridad y en ocasiones, de convivencia, lo que suscita las quejas vecinales, porque los nuevos residentes no demuestran civismo: abundan las peleas, las borracheras, los gritos, la suciedad y, a veces, robos y trapicheo. Muchas de estas quejas se dirigen al Ayuntamiento, que ahora está preparando medidas para atajar el problema a través de la Concejalía del Urbanismo. Su responsable, Juan Díaz Villoslada, aseguró que emplearán multas y, de ser necesario, expropiaciones, para luchar contra el problema, para lo que cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Aunque en algunos casos los edificios okupados son de nueva factura, y fueron construidos durante la última etapa de la explosión inmobiliaria, pero no fueron concluidos, la mayoría de los inmuebles ocupados son mucho más antiguos: edificaciones de pocas plantas fabricadas en los años 70 del siglo pasado y que abundan en barrios como Os Mallos o Agra do Orzán. “Es cierto que hay determinados ámbitos muy degradados que precisan intervención urbanística para que no haya okupación y problemas vecinales. En ello estamos”, afirmó Villoslada.

El concejal pone el ejemplo de la expropiación de las viviendas de San José encima de la mesa para demostrar la disposición del Ayuntamiento a actuar, pero el hecho es que este proceso se inició durante el mandato anterior, con la Marea Atlántica. La junta de Gobierno del 21 de mayo del año pasado aprobó el proyecto de expropiación forzosa de estas viviendas abandonadas situadas al final de la avenida de Finisterre, antes de llegar a las instalaciones petroquímicas de Repsol, que han sido un punto negro de narcotráfico durante años.

El importe del proyecto de expropiación era de algo más de 157.000 euros y los propietarios legales estaban de acuerdo con el proceso, pero por ahora, no se ha llevado a cabo la obra.

Hay que señalar que la actividad en estas viviendas ha decaído en los últimos tiempos, después de que a finales de 2018 se produjera una gran redada seguida de un incendio, pero sigue existiendo narcotráfico y, recientemente, un taxista fue atracado en las cercanías por un cliente que aseguró que llevaba encima una pistola, y que fue detenido en A Grela.

Proceso lento

Villoslada señaló que “los rogatorios son lentos, son discutidos judicialmente pero es una herramienta que nos da la ley”. No es posible desalojar a los okupas de un inmueble si su propietario no presenta una denuncia contra ellos, puesto que se trata de una propiedad privada, pero resulta que muchos de los dueños de estos inmuebles los han heredado y no tienen interés en ellos porque no resulta rentable derribarlos y construir pisos nuevos y mucho menos rehabilitarlos.

Al tratarse de edificios viejos, que son mucho menos seguros que los nuevos, las condiciones de habitabilidad resultan en ocasiones peligrosas. La insalubridad se explica porque no hay agua corriente, una carencia difícil de solventar. En el edificio okupa de José Baldomir se han acostumbrado a acarrear agua desde la cercana gasolinera de la ronda de Nelle. En esa misma calle, varias manzanas más arriba, en la esquina con la calle de San Jaime, la comunidad rumana que vivía allí hace más de un año llegó a picar la acera para tratar de acceder a la tubería de agua.

Pero además, como no tienen electricidad, los okupas la roban directamente del tendido eléctrico de la calle, lo que aumenta el peligro de incendio. Han sido varias las ocasiones en los bomberos han tenido que acudir a una llamada de este tipo.

“Donde precisamente los propietarios no les importe la situación de degradación es precisamente donde hay que actuar”, reconoció Villoslada que promete una mano más dura de la que han tenido hasta ahora los gobiernos de María Pita: “A veces hay que crujirles a multas o ir directamente a un proceso expropiatorio. De hecho, tenemos una partida presupuestaria que nos permitiría trabajar en esa línea”.