Vecinos y promotores piden menos trabas para regenerar el Orzán

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La noticia de que ningún propietario ha querido inscribir su propiedad en la oferta pública de adquisición de inmuebles realizada por la Xunta para la zona Orzán-Panaderas no ha sorprendido ni a la asociación de vecinos de la zona ni a los promotores inmobiliarios. Ambos opinan que las autoridades están enfocando mal el problema que supone la gran cantidad de edificios ruinosos de la zona centro y consideran que la solución pasa por clarificar la normativa de la zona Pepri, que hoy en día es muy confusa, y aplicar la Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) había incorporado el concurso dentro del plan Rexurbe. El objetivo era comprar inmuebles para rehabilitar por importe de un millón de euros, pero se cerró sin una sola oferta. El director del IGVS, Heriberto García, reconoció al concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que “o desinterese dos propietarios atrasará o inicio das actuacións de rehabilitación”.

Pero no es la primera vez que fracasa una iniciativa de este tipo. Uno de los mayores escándalos en los que se vio envuelto el Gobierno de la Marea Atlántica fue precisamente el de un concurso de compra de viviendas para rehabilitación y puesta a disposición de colectivos con dificultades. El Ayuntamiento esperaba comprar diez y tras dos convocatorias, consiguieron cinco. Un examen posterior determinó que ninguno cumplía los requisitos del concurso. A día de hoy, todavía se está resolviendo de oficio el caso.

Nueva convocatoria

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni el IGVS han renunciado a este camino. Desde María Pita aseguran que probablemente habrá una nueva convocatoria, flexibilizando la condiciones. El presidente de la asociación de vecinos de Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, tachó toda la iniciativa de “medida electoral” y aseguró que lo que quieren los propietarios es facilidades para poder rehabilitar ellos los edificios.

De forma parecida se expresa Juan José Yáñez, director gerente de la Asociación provincial de promotores inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), que recordó que había predicho que el plan de la Xunta no funcionaría. “Lo que les transmitimos es ‘ahorrense ese dinero de intervenciones’, con que dejasen a la empresa privada trabajar normalmente y aclarar los puntos y simplificar los trámites, haría innecesarios estos proyectos”. Es este embrollo normativo el que expulsa a los promotores a la periferia. Por eso pidieron al concejal de Urbanismo que A Coruña adopte la Lei de Rehabilitación de 2018, que simplifica el proceso.

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