11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El juzgado de Instrucción número 8 dio orden de abrir diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa del Gobierno municipal por la adjudicación de la cesión de uso de la antigua prisión a Proxecto Cárcere.
Esto supone un nuevo paso en la polémica en torno al contrato de cesión de la antigua cárcel y que arrancó con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte del PP.
Precisamente fue la portavoz del grupo municipal popular, Rosa Gallego, quien hizo público ayer que el juzgado había admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Fiscalía la semana pasada.
El Ministerio Público indicó en su escrito que apreciaba “indicios de prevaricación” en relación a la resolución firmada por Claudia Delso, concejala de Participación e Innovación Democrática.
“Parece desprenderse la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere, por encima del cumplimiento estricto de la legalidad”, especificó la Fiscalía. Sin embargo, se descartó la posibilidad de haber cometido delitos de malversación y contra la administración de justicia.
Posibilidades
“Ya no es el PP ni la Fiscalía”, señaló Rosa Gallego, quien explicó que por medio de estas diligencias se buscará “determinar los hechos, las circunstancias y las personas que en ellos intervinieron” al “presumir” que se puede haber cometido prevaricación administrativa.
Después de la apertura de diligencias, ahora el juzgado podría citar a declarar a las personas que considere implicadas en el proceso de adjudicación, entre los que podría haber miembros del Gobierno local por ser el responsable del concurso. La portavoz popular, Rosa Gallego, está citada el próximo 14 de diciembre como denunciante y siguiendo lo instado por la Fiscalía. Cabe recordar que la portavoz explicó que el PP se presentará como acusación popular al conocer que la Fiscalía apreciaba indicios de prevaricación y por ello presentaba un escrito de denuncia ante el juzgado.
La apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad también fue analizada por el alcalde, Xulio Ferreiro, quien se mostró tranquilo ante este nuevo paso y aseguró que “é o normal e esperable” una vez que el Ministerio Público presenta un escrito de denuncia. “Non hai ningunha sorpresa”, añadió.
El regidor, licenciado en Derecho y que en el pasado fue magistrado suplente, definió la actuación del juzgado como “absolutamente ordinaria”.
Además de asegurar que ya contaba con que esta apertura de diligencias se produjese, Ferreiro insistió en que todo el proceso de adjudicación del contrato de cesión de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere se hizo de acuerdo a la legalidad. “Xa se dixo por activa e por pasiva, estamos moi confiados en poder aclarar todo”, apuntó.
Desde el Gobierno municipal todavía están a la espera de conocer si alguno de ellos será nombrado como investigado en el proceso. “Ata agora non se chamou nestas dilixencias a declarar a ninguén do Concello nin se remitiu ningunha solicitude de información”, explicó ayer el alcalde, quien finalizó apuntando que “hai que agardar”.
Vista atrás
La apertura de diligencias por parte del juzgado por presunta prevaricación es la última novedad en un proceso que inició el Partido Popular al entender que las bases del concurso de adjudicación de cesión de la cárcel se habían establecido a partir del plan que había presentado meses antes el colectivo Proxecto Cárcere.
Varios miembros del Gobierno local como los concejales Xiao Varela, Rocío Fraga o María García, además de algunos asesores, figuraban como miembros de la asociación en el listado que el colectivo tenía colgado en su web. Posteriormente fueron eliminados y en el nuevo listado ya no aparecen.
Al concurso se presentaron Proxecto Cárcere y otra entidad, pero fue la primera la que obtuvo una mayor puntuación y por ello recibió la adjudicación para el uso de la cárcel.
El recinto, que fue cedido por un período de dos años por Instituciones Penitenciarias al Ayuntamiento en enero de 2017, fue objeto de una actuación para mejorar su estado pero lo que debía ser una rehabilitación integral, se quedó en una intervención que solo permitió la utilización de un espacio menor.
Mientras, el resto de dependencias de la antigua cárcel permanecen cerradas y no se puede entrar en ellas debido al mal estado en el que están, presentando riesgo de desprendimientos en algunas zonas. Finalmente, la reapertura parcial de la prisión se produjo el pasado 4 de agosto y desde entonces se han realizado diversas actividades. El PP también criticó que Proxecto Cárcere debía solicitar permiso para hacer actividades en el espacio, que en todo caso tendrían que ser esporádicas. Por el contrario, la formación lamentó que el colectivo no respetase esta condición.
