Imponen 232 millones de fianza a la cúpula del Banco de Valencia por los créditos del Caribe

23/09/2015 El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Senado. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha afirmado este miércoles que ve "altamente improbable" y "casi imposible" un corralito
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El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha impuesto una fianza solidaria de 264,4 millones de dólares (unos 232,6 millones de euros) a la cúpula del Banco de Valencia por los créditos presuntamente fraudulentos que la entidad y Bancaja concedieron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano.
La caución, que tiene el objetivo de cubrir las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento, deberá ser asegurada a partes iguales por el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas; el director internacional de Negocio de la entidad, Julián Dolz; el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra; el exdirector general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, y el exdirector general adjunto de la caja, José Cortina.
El magistrado también impone una fianza solidaria de hasta 712,4 millones de dólares (626,8 millones de euros) a los empresarios José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri, cuyas empresas se beneficiaron de préstamos por esta cuantía en seis operaciones inmobiliarias que supusieron un quebranto de al menos 250 millones de dólares para las entidades financieras, según un informe del Banco de España, y de 246, según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

malestar
En siete autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca que los imputados tienen “un profundo conocimiento del mundo financiero internacional” que aconseja adoptar “las medidas necesarias para que no resulte ilusoria la ejecución definitiva de responsabilidades pecuniarias”.
El juez explica que los correos electrónicos intervenidos en la causa revelan el “malestar” de los directivos intermedios de Bancaja ante los “continuos excesos” que llevaban a cabo los empresarios investigados. Sin embargo, Olivas y sus directivos “no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio” de las entidades financieras y favoreciendo “los intereses particulares de los referidos empresarios”.
Las resoluciones sostienen que existen contra los imputados “serios indicios” de que pudieron cometer los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México por el grupo Grand Coral, en el que participaban las dos entidades bancarias.

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