La decisión del Gobierno "sitúan a buena parte de los parques por debajo de los ingresos precisos para responder de los créditos bancarios con los que fueron promovidos", sostiene en un comunicado Íñigo Muniozguren, secretario general de la EGA.
Además, dice que la decisión "quebranta la seguridad jurídica en España y rompe con el espíritu de la regulación anterior" y "va en contra de la propia Ley del Sector Eléctrico y del Real Decreto 661/2007", apunta.
Según Muniozguren, la nueva regulación "priva" a las empresas eólicas de "una rentabilidad razonable", ya que verán obligatoriamente retribuida su producción con una tarifa regulada, "lo que altera las condiciones con las que las empresas realizaron en su día sus inversiones", subraya.
Asimismo, explica que la actualización de los incentivos a la producción en base a la inflación subyacente, en vez del IPC, "significa reducir la retribución".
Por todo ello, la EGA insta a la Xunta "a que defienda los intereses de los promotores que operan en Galicia", se dice en la nota de prensa.