Una larga lista de interrogantes encabeza el informe que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó ayer como análisis al proyecto de reforma de la demarcación judicial estatal aprobado en abril por el Consejo General del Poder Judicial. Preguntas trascendentes, a las que el órgano de gobierno de los jueces gallegos cree necesario dar respuesta antes de establecer las “bases y criterios” que deberán, a su juicio, regir la posterior reordenación del mapa judicial. “La demarcación, como determinación de las sedes de los órganos judiciales y de su ámbito jurisdiccional, se presenta no como el inicio de un proceso sino como el final, como el fruto de un conjunto de decisiones previas ineludibles”, concluyen los redactores del texto.
El presidente del alto tribunal gallego, Miguel Ángel Cadenas, resumía ayer el criterio del informe que ahora se remitirá al Consejo del Poder Judicial con dos conclusiones: “Primera, es una reforma que nadie discute que sea necesaria; y segunda, reformar con rigor requiere primero ver en qué se materializan la cantidad de reformas orgánicas y procesales anunciadas –por el Gobierno central– o ya en marcha”.
racionalidad y eficiencia
El sentir de la sala de gobierno ante la propuesta de reforma del CGPJ lo explicitaba también ayer el magistrado José Antonio Ballestero, uno de los tres vocales encomendados a elaborar el análisis: a la vista de los parámetros actuales la comisión ve “prematuro” delimitar los partidos judiciales, una reorganización que resulta, no obstante, “necesaria e imprescindible” para poner al día la “muy anticuada y poco eficaz” demarcación judicial que diseña la ley de 1988.
“Vistas las profundas reformas legislativas en materia de justicia, a día de hoy no sabemos qué órganos jurisdiccionales se pretenden establecer”, ejemplificó el miembro del equipo redactor, después de recalcar que el alto tribunal gallego “apoya la iniciativa y los esfuerzos del CGPJ por su visión política, al iniciar un dificultos proceso que culminará, sin duda, con la introducción de criterios de racionalidad y eficiencia en la anticuada y disfuncional organización judicial española”.
La incógnita sobre la futura definición de los órganos judiciales es solo una de las que se plantean en el informe del alto tribunal gallego. A las dudas acerca de la estructura, competencia y composición que tendrán los tribunales de instancia, o a la redefinición de la oficina judicial que deberá ir ligada a estos tribunales, el papel que tendrán los juzgados de paz o las funciones que asumirá el Ministerio Fiscal en la instrucción de las causas penales se unen otras, que quedan expuestas en el documento elaborado por la comisión de la sala de gobierno del TSXG.
A ojos de sus redactores, necesario es también redefinir la segunda instancia, y los órganos de apelación y casación, para disminuir el número de asuntos manteniendo la seguridad jurídica. De igual modo, consideran “imprescindible” implantar una nueva herramienta informática general que incorpore el expediente digital y permita la comunicación “inmediata y segura” entre los órganos del territorio estatal, o establecer la reordenación de los edificios judiciales y diseñar un sistema de provisión de plazas para los nuevos órganos.
“La inevitable reforma previa de complejas leyes orgánicas y procesales, la necesaria coordinación de las administraciones competentes, así como el acopio de disponibilidades económicas en tiempos de dificultades –razona el informe– determinan que la nueva demarcación, imprescindible sin duda, sea la estación término de un largo, laborioso y difícil camino”. n
