El Gobierno acepta el marisqueo en la ría hasta la licitación del dragado

Después de meses de desencuentros, una reunión entre los equipos jurídicos de la Xunta y el Gobierno en Madrid ha servido para desbloquear el proyecto de dragado de la ría de O Burgo. Las dos administraciones no se ponían de acuerdo en lo que se refería al marisqueo. La Abogacía del Estado opinaba que era necesario un certificado de disponibilidad de los terrenos que avalara que no habría mariscadores en el estuario durante los trabajos y que la Xunta se negaba a emitir antes de la licitación por considerarlo innecesario. Finalmente, Madrid ha aceptado la tesis gallega, y los mariscadores podrán faenar hasta el último momento.

Aunque todavía falta que ambas partes expresen su acuerdo mediante alguna fórmula administrativa técnica, con un añadido de cláusula al acuerdo del proyecto original o mediante cualquier otro método, fuentes de la Consellería do Mar expresaron su satisfacción por este paso adelante, después de meses de parálisis.

La propia conselleira, Rosa Quintana, había expresado su malestar por el retraso durante la mañana de ayer, mientras tenía la negociación. La conselleira había acudido a la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) en compañía de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para escuchar las demandas de los empresarios, momento que aprovechó para criticar la modificación de la normativa de Costas que, a su juicio, “supoñe unha gran inseguridade xurídica”. En ese momento, Quintana había señalado que le parecía “ilóxica” la postura del Gobierno central.

“Non tiña sentido”

Desde la Consellería consideran que la reunión de ayer viene a darles la razón: “O que diciamos é que non tiña sentido”. No habrá certificado pues, como quería el Gobierno, pero mañana se sabrá cuál es la fórmula técnica con la que se reviste el acuerdo.

El mayor miedo que existía es que surgieran más demoras después de que se paralizara la actividad. Imprevistos como que el concurso quedara desierto, o que las empresas perdedoras presentaran alegaciones pueden alargarse el proceso mucho más y la inactividad resulta muy perjudicial para el marisqueo.

La comisión del Parlamento Europeo enviada en 2013 comprobó de primera mano el estado del entorno fluvial, asfixiado por los lodos. En 2017 se concluyó la declaración de impacto ambiental, el proyecto está firmado y está disponible la financiación que supera los 48 millones de euros y desde entonces, está en suspenso. Solo falta licitarlo. l