Los trabajadores de Alcoa se echan a la calle ante la falta de avances

A menos de un mes de que se ejecute el ERE que despedirá a los 369 trabajadores de Alcoa en A Coruña, que sumados a los de Avilés, son 686, el sector de industrias electrointensivas ha decidido echarse a la calle en una manifestación que recorrerá la ciudad el sábado. Los trabajadores de Celsa Atlantic y Ferroaltántica, estarán junto con su compañeros de Alcoa, porque aunque a ellos no les afecta el ERE que entrará en vigor el uno de julio están igualmente preocupados por el retraso del estatuto de consumidor electrointensivo, que servirá para abaratar el precio de la energía a las grandes industrias.  

El delegado del Gobierno, Javier Losada, mantiene que se aprobará el documento en cuanto el Gobierno deje de estar en funciones –que no se prevé hasta bien entrado el verano–. Pero el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corbacho, no se fía. “La empresa (Alcoa) ha cumplido y ahora está dispuesta a vender. Hay varios posibles compradores que están esperando un compromiso del Gobierno. Es el Gobierno el que no está cumpliendo”, denunció en un acto en el edificio de sindicatos Aunque las dos plantas de Alcoa son las que corren un peligro inminente de cierre, su hermana de San Cibrao también corre peligro por el alto coste de la energía, igual que todo el sector. Por eso, explicó Corbacho, se sienten obligados a movilizarse. 

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Consideran que el Gobierno ya les engañó cuando, antes de las elecciones, aseguró públicamente que las dos plantas inactivas de Alcoa podrían participar en la siguiente subasta de interrumpibilidad, que permite a una empresa recibir dinero por desconectarse de la red si es necesario. Losada alega que es antirreglamentario, pero Corbacho asegura que el Gobierno tuvo tiempo de sobra para modificar el reglamento. 

Además, en la última subasta se han reducido el presupuesto y los bloques de la puja, lo que ha enfurecido al sector. Losada insiste en que el Ejecutivo “está haciendo todo lo posible poniendo dinero de todos los españoles, para que estas empresas tengan la energía más barata por vía de subvenciones al CO2 con cerca de 200 millones de euros”. Pero el fracaso en el primer intento de aprobación del estatuto, en abril,  por un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha calentado los ánimos.