Empieza el juicio contra Chaves y Griñán por los ERE irregulares

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves | Raúl Caro (efe)
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga desde hoy a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de 741 millones de euros.
De este modo, la vista oral comienza hoy, a las 10.00 horas, con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que está previsto que se prolonguen también mañana y el viernes, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.
Los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas, siendo una de las más reseñables la que presentará el abogado de Griñán y del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.

Nulidad
El letrado reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.
Y es que el abogado considera que este nombramiento solo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.
De su lado, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo planteará como cuestión previa la “necesidad” de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente.

Más de 100 testigos
Tras la presentación de las cuestiones previas, el juicio se reanudará el 9 de enero con la declaración de los 22 acusados, así como de 117 testigos propuestos por Anticorrupción, las dos acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias y las defensas, y una docena de peritos que realizaron informes sobre el objeto del denominado procedimiento específico.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza política de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación. Las veintidós personas acusadas se enfrentan a penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión.
La Fiscalía cifra la cantidad que deben devolver los 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales cree que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta e ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

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