“O PP non ten máis remedio que acatar a lei”. Con estas palabras se refirió el portavoz del grupo municipal del BNG, Abel López Soto, a la “obriga” que tiene el primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares, de dimitir y reclama, en su defecto, que sea cesado de sus funciones por el regidor popular Ernesto Anido.
A las denuncias públicas realizadas hasta ahora por los nacionalistas en vista de que el ejecutivo sadense no mueve ficha se suma ahora la decisión de presentar una proposición no de ley en el Parlamento autonómico en la que pretenden instar a la Xunta a que requiera a Anido que “cumpra coa obriga legal de convocar un pleno para declarar a incompatibilidade do tenente de alcalde”.
Las declaraciones en un primer momento del alcalde en las que aseguraba que hasta que la sentencia no fuera firme no iba a prescindir de Rodríguez Ares y la redacción de una providencia de Alcaldía después para pedir al secretario municipal un informe sobre la situación legal del líder del PDSP constituyen para el BNG una estrategia para demorar la decisión.
“Parece que pretenden distraer á opinión pública dicindo disparates e o que está a facer –continúa López Soto– é botando balóns fora e mareando a perdiz”, dijo, lo que se traduce en “prexudicar a Sada por intereses partidistas”.
"Ultimátum"
Asimismo, el exalcalde nacionalista anunció que, en el caso de que en el próximo pleno –que ha de celebrarse el último jueves del mes de agosto– no se incluya en el orden del día un punto en el que se comunique la baja de Rodríguez Ares, el BNG solicitará, gracias a que cuenta con más de la cuarta parte de los concejales de la corporación sadense, una sesión extraordinaria con ese único fin.
Es decir, que lanzan un “ultimátum” al gobierno local y, en concreto, a Anido, para que “cumpra a lei” y se termine la continuidad de Rodríguez Ares en el ejecutivo.
El Bloque recuerda que la reforma de la Ley Electoral en enero de 2011 –con los votos a favor de PSOE y PP– dice que, tras sentencias como la que acaba de condenar al concejal del PDSP a inhabilitación especial de seis meses para el ejercicio de cargos públicos, aunque se puedan recurrir, son vinculantes en el sentido de que conlleva “inelexibilidade e incompatibilidade” con su cargo actual.
Esto es, que si acude a las juntas de gobierno local y esta adopta los acuerdos que sean, estarían “viciados de nulidade”. Es más, en el caso de que eso pase, como señalaron tanto López Soto como el diputado nacionalista Carlos Aymerich, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.
“Levamos a proposición non e lei ao Parlamento para que Feijóo se pronuncie”, afirmó Aymerich, quien añadió que el presidente de la Xunta debe decir “se está a favor de amparar a legalidade en Sada o apoiar aos delincuentes” y si quieren mantener el poder “custe o que custe”. n
