La controvertida consulta estará estrechamente vigilada por la Comisión Europea, que ha criticado duramente al Gobierno rumano por amenazar el Estado de derecho al emprender el procedimiento de revocación de Basescu.
La participación decidirá la continuidad en el cargo del presidente, en medio de una campaña de boicot iniciada por sus partidarios conservadores para que no se alcance el quórum de la mitad más uno necesaria en las urnas para validar la consulta.
El gran reto de la coalición de Gobierno entre socialdemócratas y liberales será pues atraer al mayor número posible de votantes, tarea complicada en pleno verano y con una ciudadanía que percibe a su clase política como corrupta e ineficaz.
Los últimos sondeos apuntan a un voto por la destitución de Basescu de en torno al setenta por ciento, con una participación de un 52 %, lo que haría efectivo el cese del presidente.
El proceso de destitución es para sus detractores una oportunidad para dar por acabados ocho años de vida política polarizada en torno a la apabullante personalidad del presidente.
La Comisión Europea, Estados Unidos y varios Gobiernos europeos han mostrado su "preocupación" por las acciones de la mayoría gubernamental para derrocar a Basescu.
Justo antes de iniciar el procedimiento constitucional contra Basescu, el Gobierno suprimió por decreto el requisito de la participación de la mitad más uno de los electores para hacer efectiva la consulta.
Pero en contra de lo establecido por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional declaró necesario este quórum.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha exigido al primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, respetar la decisión de la Corte a la hora de organizar la consulta.
Así, el Gobierno rumano rectificó y reintrodujo el requisito de presencia en las urnas en una sesión extraordinaria del Parlamento.
El propio Basescu denunció en los últimos días que la coalición de Gobierno prepara un fraude masivo en la consulta, por lo que pidió a los rumanos no participar en el referéndum.
A esas acusaciones le respondió el presidente interino y colíder liberal de la coalición de Gobierno, Crin Antonescu, quien destacó la "normalidad democrática" en la que se ha desarrollado la campaña.
Antonescu expresó su "convencimiento" de que el referéndum demostrará que "Rumanía es un país plenamente democrático".
Basescu llegó al poder en 2004, con un discurso contra la corrupción, a favor de la reforma de la clase política y la modernización del Estado y el país.
Excapitán de la marina mercante, político atípico y hombre de acción, el presidente ahora suspendido superó en 2007 un proceso de destitución por supuesta violación de la Constitución y fue reelegido por escasísimo margen en 2009.
Su popularidad ha ido en caída libre desde que aplicara en 2010 una de las políticas de austeridad más severas de la Unión Europea.
Los críticos de Basescu le acusan de autoritarismo y de traicionar su discurso amparando la corrupción en su entorno.
La coalición gubernamental que ha emprendido el proceso de destitución le hace responsable de socavar la independencia de la Justicia y la separación de poderes y de usurpar las atribuciones del primer ministro.
En el poder desde mayo, cuando cayó en una moción de censura el último de los Gobiernos conservadores fieles a Basescu, la formación de Ponta y Antonescu afrontará en otoño elecciones legislativas.
El referéndum del domingo, cuyos colegios estarán abiertos entre las 05.00 y 21.00 GMT, supone una nueva sacudida política en Rumanía, que ya ha cambiado dos veces de Gobierno en 2012.
