Stop Desahucios critica que A Coruña no se una al plan de viviendas de la Xunta

La plataforma Stop Desahucios denunció ayer las deficiencias que, a su juicio, sufre la política de vivienda y servicios sociales del Ayuntamiento y que la hacen ineficaz. Los activistas reprochan también al Gobierno local que se niegue a sumarse al plan de viviendas de la Xunta para personas que pierden su casa y no consiguen alquilar otra sin plantear siquiera una alternativa. Aunque desde Stop Desahucios comprenden los recelos de Gobierno local y califican la medida de insuficiente y denigrante, creen que si el municipio rechaza el plan “terá que ser a condición de propoñer outro mais adecuado e xusto”.
Pero la lista de quejas que expone la plataforma es muy larga. Aseguran que no se están concediendo los ocho meses de fianza para que las familias consigan otra vivienda en régimen de alquiler y tampoco existen ayudas a la mudanza para las personas desahuciadas. “Si a solicitas, descontano da axuda de urxencia que che corresponde”, explica. El importe de esa ayuda, por cierto, no está claro. En un principio se suponía que era de 1.500 euros, pero desde la Concejalía de Justicia Social aseguran que es de 3.000, divida en dos pagas.

situación tensa
Por otro lado, denuncian que el Gobierno local aconsejó a un afectado “que se quede sen pagar nunha vivenda en réxime de aluguer, en espera e que un xulgado ditamine que a ten que abandonar”. Según los activistas, un consejo semejante nunca lo darían ellos, porque perpetúa una situación de tensión, que desemboca en situaciones de ansiedad.
Además, recuerdan que el Ayuntamiento sigue contando solo con cinco viviendas para el alojamiento temporal de personas desahuciadas y sin ningún recurso. El Ayuntamiento dispone de un total de 403 viviendas, pero nunca ha especificado el uso que se le da a todas. A largo plazo, la Concejalía de Regeneración Urbana tiene pensado construir muchas más, pero de momento no se ha concretado nada al respecto. Y por último, les reprochan que ese año hayan quedado sin gastar 6,5 millones de euros de la Concejalía de Justicia Social en vez de invertirlos en ayudas.