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miércoles | 24 abril | 2024
El informe de la Guardia Civil sobre la la manifestación del 8 de marzo por que el que supuestamente fue destituido el jefe de la Comandancia en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación o concentración en Madrid.
El informe remitido a la jueza que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, incurrió en prevaricación al no prohibir la manifestación con motivo del Día de la Mujer sostiene e que los responsables sanitarios tenían un “profundo conocimiento” de los riesgos de transmisión del Covid-19 en los días anteriores al 8M.
Dicho documento indica que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas.
De ellas, la Guardia Civil tomó declaración a 20 convocantes y concluyó que en varios de esos casos hubo llamadas desde la Delegación del Gobierno central animando a esa desconvocatoria, pero esas comunicaciones no constan en ningún registro.
El ejemplo más paradigmático para los investigadores tiene que ver con un congreso evangelista en Madrid, previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas, cuyo evento, asegura el informe, fue “cancelado por motivos sanitarios” el 6 de marzo “tras haberse celebrado reuniones con responsables de Sanidad que habrían desaconsejado la celebración”.
Para los investigadores llama la atención que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestara un día después que “se puede ir sin peligro al acto central del 8M y, sin embargo, prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista”.
Unos hechos que la Guardia Civil consideró “importantes”, por lo que tomó declaración como testigos a los organizadores del evento religioso. Según su relato, Illa y Simón respondieron que “deberían suspenderlo”.
Desvinculan el cese del 8M
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desvinculó el cese De los Cobos, del informe sobre las manifestaciones del 8M que el instituto armado remitió a un juzgado.
Así lo aseguró Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que indicó que ese cese es “únicamente debido” a una “política razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos y dentro del ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea”.
Marlaska dio cuenta también de la sustitución del número dos de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que se había jubilado ya pero que continuó en su cargo por la pandemia y cuyo puesto ocupará el general de división Pablo Salas, hasta ahora máximo responsable del Servicio de Información del instituto armado.
En su intervención, Marlaska desvinculó totalmente ese cese con el informe y negó cualquier injerencia en la labor de la Guardia Civil como Policía Judicial.
De este modo, Marlaska ha sido tajante y ha dicho que con más de 30 años de juez, sabe cuál es la competencia de un ministro y de un magistrado y los conocimientos que tienen que tener uno y otro. Además, el ministro enfatizó que “la palabra injerencia no la conjugaré nunca”.
Con esta frase salió al paso de las numerosas críticas de las asociaciones profesionales del instituto armado y de los partidos políticos, que vieron precisamente en el cese del coronel jefe de Madrid una “injerencia”.
INTERIOR SUBE LOS SALARIOS DE LOS AGENTES EN PLENA POLÉMICA
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Ministerio del Interior para pagar el tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, lo que supondrá un desembolso de 247 millones de euros. El titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció esta decisión en rueda de prensa en la Moncloa antes de confirmar el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y la elección del máximo responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas, como nuevo director adjunto operativo (DAO) del instituto armado. Desvinculó, sin embargo, la ejecución del acuerdo con esos cambios.
