La jueza solicita más datos sobre la financiación del PP ourensano

20 noviembre 2012 página 26 / 17 mayo 2013 página 28 LUGO, 24/10/2012.- El alcalde de Lugo y presidente del PSdeG-PSOE, José López Orozco (i), junto a su abogado Rafael Iruzubieta, a su llegada esta mañana a la sede judi

La jueza instructora de la operación “Pokémon”, Pilar de Lara, ha solicitado nuevos datos acerca de la supuesta trama de financiación irregular del PP de Ourense, al deducir del testimonio del otrora gerente Emilio Pascual que pudo existir una facturación falsa y ficticia utilizando tres empresas.
Se trataría de dos agencias de publicidad y una televisión local, y lo que la magistrada reclama son recibos emitidos a nombre de la totalidad de ediles del PP en la capital durante el mandato de la anterior corporación provincial.
En el cómputo, que abarca desde 2003, en algún caso, o 2005, hasta la actualidad, figuran, entre otros, el actual secretario de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, el parlamentario Miguel Santalices, el subdelegado del Gobierno Roberto Castro, el diputado nacional Guillermo Collarte y el portavoz municipal del PP de Ourense Rosendo Fernández.
Con referencia a las declaraciones del exgerente del PP en Ourense, Emilio Pascual, con el dinero “que recaudaba el señor Baltar, generalmente billetes de cien y quinientos euros, se pagaban facturas en efectivo a las empresas Planos y Telemiño, quienes a su vez facturaban a otras empresas gastos ocasionados por el Partido Popular, aportando diversa documental que adveraría tales hechos”.
Detalla el mismo auto que “este procedimiento de recaudación y de emisión de facturas falsas, como mecanismo de financiación ilícita del PP de Ourense se habría estado utilizando, que sepa, hasta el año 2010 en que cesó como gerente del PP”.
De Lara cree que el presunto método consistente en facturar en falso para encubrir donaciones habría sido utilizado por el PSOE de Santiago, recurriendo en este caso a una imprenta y a un grupo publicitario, que habrían facturado “falsamente” a dos empresas para sufragar gastos relacionados con campañas electorales.
La jueza pretende averiguar ahora si se ha estado “burlando” la legislación electoral y de financiación de partidos políticos y si ha existido un delito de falsedad documental, todo ello en base a las declaraciones de Pascual, que desde 2010 no ostenta la gerencia.

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