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sábado | 20 abril | 2024
El reelegido presidente de CSIF, José Francisco Méndez, pidió ayer a la Xunta y al Gobierno “valentía” para reformar la ley sindical y, con ello, poner fin a “los chantajes del viejo sindicalismo” y sus “privilegios”.
En la clausura de su séptimo congreso autonómico, a la que asistió el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto con los conselleiros de Política Social, José Manuel Rey Varela, y de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, el presidente de CSIF sostuvo que “el sindicalismo independiente” se siente “absolutamente discriminado” frente a otras organizaciones de este tipo pero “anticuadas”, como UGT, CCOO y CIG.
En este sentido, denunció que esos sindicatos reciben “mayor financiación” en virtud del “invento” de la mayor representación, de modo que pidió que se modifique la normativa para que el sistema sea “más justo y proporcional”. “Es una exigencia en el momento actual”, sostuvo, convencido de que la “regeneración” que demanda la sociedad también atañe a las organizaciones en defensa de los trabajadores.
Al hilo de su petición, José Francisco Méndez agradeció al Gobierno gallego su labor para incluir al CSIF en las mesas de negociación de la administración, así como en otros órganos, pese a “la oposición frontal de los sindicatos de clase”, que estaban –dijo– “más preocupados por mantener su statu quo” que por defender los derechos de los trabajadores.
Por su parte, reivindicó que los sindicatos deben “dejar de depender” de los partidos políticos, pues su papel es el de ser “salvaguarda” de los trabajadores “con independencia del color del gobierno de turno” o de las “subvenciones” que reciba.
En la misma idea hizo hincapié el presidente de CSIF en España, Miguel Borra, quien demandado que esa modificación del marco normativo incluya que los delegados sindicales de una empresa no se sigan computando dentro del cálculo general si ésta cierra. “No se puede consentir”, enfatizo, crítico con que unos tengan que “pagar sus sedes” mientras otros disfrutan del “todo gratis”.
De hecho, cifró en unos 80.000 o 90.000 delegados sindicales los que están “muertos o repetidos” o que formaban parte de empresas que ya no existen; al tiempo que demandó que una “moderna” legislación sindical también aborde la transparencia en la gestión de estas organizaciones.
Por su parte, aseveró que sus cuentas son accesibles a través de la web y que anualmente se realiza una auditoría externa. Y, para reforzar el carácter “independiente” del sindicato, se impide a los delegados presentarse bajo las siglas de un partido.
