Miño - El Ayuntamiento deja en manos de la Xunta todas sus competencias urbanísticas

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  El Consello da Xunta autorizó ayer la firma del convenio entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y el Ayuntamiento de Miño para la adhesión de la localidad a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de Galicia.
En virtud de este acuerdo, la administración miñense delega en el organismo autonómico el ejercicio de las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento del ordenamiento urbanístico “en relación coas obras e usos do solo que se executen sen licenza ou sen axustarse ás súas concidións”, siempre que se trate de suelo clasificado como rústico y urbanizable mientras no haya sido aprobado el correspondiente plan parcial o de sectorización, o del ámbito de núcleos rurales delimitados.
El alcalde, el popular Juan Antonio Maceiras Barros, manifestó que la propuesta de integración respondió a la necesidad de aliviar una “elevada carga de trabajo”.

Características >
La APLU es un ente público de carácter consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, así como plena autonomía en el cumplimiento de sus funciones para el desarrollo en común por parte de la Xunta y los municipios, como Miño, que se adhieran de forma voluntaria, de las funciones de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo, y el desempeño de cuantas competencias le asignan sus estatutos.
Desde el Gobierno de Núñez Feijóo señalaron que los ingresos obtenidos por las multas coercitivas y las sanciones administrativas impuestas en ejercicio de las citadas competencias delegadas “serán repartidos a partes iguais”.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ejercerá sus responsabilidades desde el día siguiente a la publicación del convenio en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En cuanto a la vigencia del acuerdo, ésta será indefinida.
En cualquier caso, la cesión no incluye “a reposición da legalidade nin a potestade sancionadora en relación coas obras completamente rematadas antes da publicación do convenio, que serán exercidas polo concello”.
En la misma línea, la resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos emitidos por la APLU en ejercicio de competencias delegadas corresponderá al Ayuntamiento de Miño.
El gobierno municipal, habida cuenta del convenio, deberá cooperar de forma activa y asistir, en caso necesario, al organismo autonómico, con el objetivo de la mayor eficacia, y “terá tamén que facilitarlle ao persoal da axencia o acceso inmediato aos expedientes de planeamento, xestión e disciplina urbanística, asó como canta información, documentación e axuda material precise para cumprimento das súas funcións e contribuir ao seu sostén económico”.

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