Finalizan las investigaciones por malversación en la Fundación Cela

El Juzgado número 2 de Padrón, que instruye la causa por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación a la Fundación Cela, dio por finalizada la investigación tras la práctica de las últimas diligencias y citó a las partes para la audiencia preliminar el próximo 5 de junio.
En la causa figuran como investigados la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, el exgerente de la fundación, Tomás Cavanna, el que fue miembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga.

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Como consecuencia de estas actuaciones, los investigados se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la Fundación Cela, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular. La última vez que los investigados acudieron al juzgado de Padrón fue en julio de 2016, cuando el juez les convocó para notificarles que el procedimiento se llevaría a cabo a través de un jurado popular, una cuestión que las defensas recurrieron ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia, posteriormente, dictaminó que el jurado popular era la forma adecuada para juzgar esta cuestión, aunque admitió la práctica de alguna testifical adicional que se ha llevado a cabo con posterioridad.

Una vez concluidas estas últimas diligencias, el juzgado de instrucción número 2 de Padrón dio por finalizado el proceso y llamó a las partes a la audiencia preliminar previa a la fijación de juicio oral. En el auto de cierre de instrucción, la titular del Juzgado explicó que, del estudio de la documentación y de la declaración de los investigados y testigos, “resultan indicios suficientes de la participación de los investigados”: Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y Covadonga Rodríguez (hija de Dositeo y subdirectora de la fundación).

La juez investigó si hubo “malversación” de fondos en el despido de Tomás Cavanna, del que sospechó que fue “simulado” y por el que cobró una indemnización que ascendía a 150.000 euros cuando “en realidad la fundación no quería prescindir de los servicios, sino que era este el que quería dejar de trabajar”, como sostiene por un intercambio de correos electrónicos que se emplearon como prueba.