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martes | 23 abril | 2024
El portavoz de CIG-Mar, Xabier Aboi, se ha mostrado hoy sorprendido de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sólo se enterase el pasado sábado de que la comisión mixta entre la UE y Mauritania iba a excluir la cuestión de la pesca de cefalópodos en su reunión de hoy.
Según Aboi, que compareció en rueda de prensa en Pontevedra junto a cinco patrones de barcos de Marín en tierra por el cierre de este caladero a la flota gallega, la UE recibió la comunicación de Mauritania a este respecto hace 15 días, lo que le hace sospechar que España ya conocía este extremo.
La comisión mixta tampoco ha sido acompañada de una comisión técnica que zanje definitivamente las dudas sobre la sostenibilidad de la pesca de pulpo en esas aguas, cuestionada por un informe de 2008 y avalada por otro más reciente del Instituto Español de Oceanografía, que lejos de considerar amenazada la población de pulpo sostiene que está en muy buen estado.
Aboi reiteró que los cefalópodos tienen una vida de un año, y que un informe de hace cinco no es válido "ni para lo bueno ni para lo malo".
El portavoz sindical entiende que de firmarse hoy un acuerdo en esa comisión, que sí tratará cuestiones relacionadas con las capturas de pelágicos o de marisco, punto este último que afecta a marineros en Huelva, no habrá posibilidad ya de anular el acuerdo.
"Ahora hablan de tratar la cuestión en un comité científico que no tiene fecha, que es como tener un primo en Astorga", ironizó Aboi, que consideraba que la cuestión de la viabilidad ya se había resuelto en favor de la flota gallega y critica la actitud de la comisaria europea de pesca, María Damanaki, que no quiso comentar en una reunión de la comisión de Pesca, esta mañana, cuando se había informado a España sobre la negativa a tratar la cuestión de los cefalópodos.
Aboi ha criticado la inacción de la Xunta y el Gobierno estatal, así como de la alcaldesa de Marín, María Ramallo, a la que ha acusado de "decir tonterías".
El acuerdo pesquero en cuestión, que entró en vigor ya a mediados de 2012 pese a estar su aprobación todavía pendiente de ratificación, veta a los en torno a 20 barcos con base en Marín que se dedicaban a la pesca del pulpo en Mauritania, cuyos marineros, unos 150, están sin trabajo y en muchos casos tienen problemas para cobrar las ayudas habilitadas por el Estado para que subsistan mientras están en tierra.
Aboi señaló, además, que tres de los integrantes de la comitiva que fue en noviembre a la ciudad de A Coruña ha reclamar una reunión con el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, han recibido sendas propuestas de sanción administrativa por tal actuación, por un importe de entre 300 y 6.000 euros.
